Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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Sin el respeto pleno a la libertad de expresión, constituida por el derecho a indagar, recibir e impartir información e ideas, resulta imposible el perfeccionamiento de la democracia y la construcción de ciudadanía, advirtió el senador perredista Luis Sánchez Jiménez.

Por ello, presentó una iniciativa para modificar el artículo 6 de la Constitución con el propósito de
“acabar con la anquilosada Ley de Imprenta” y dar paso a un nuevo ordenamiento que tenga por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública.

El legislador sugirió incluir el apartado C al artículo 6, a fin de constituir las bases para que ciudadanos y comunicadores no sean molestados, discriminados o censurados por investigar, recibir información y difundirla por cualquier medio de expresión.

La propuesta contempla la prohibición de la publicidad encubierta para evitar fraude a la audiencia o violaciones al derecho a la información en sus vertientes política, económica y social.

Con los cambios, dijo, “nos comprometemos con los trabajadores de los medios de comunicación a instituir los derechos del secreto profesional y la cláusula de conciencia y a que nadie pueda ser separado de su trabajo por las opiniones vertidas”.

Sánchez Jiménez expresó que es indispensable no sólo garantizar el libre acceso a Internet sino el compromiso de eliminar la brecha digital y hacer de la banda ancha universal un asunto del derecho a la información.
 
Además, propuso que se instituya la figura de defensor de la audiencia y  sea de orden público el espacio en el que la opinión pública se genera, difunde, divulga y propaga en la vida social de la nación o periódicos, revistas, radio, televisión, internet y cualquier otro que tenga por objeto comunicar.

Entre otros puntos, consideró como sujetos obligados a informar a los particulares que realicen actividades relacionadas con la prestación de un servicio público, que realicen actividades económicas derivadas de la explotación concesionada de bienes de la nación o  la producción, almacenamiento y distribución de alimentos.

La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

 


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