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Establecer las reglas para que los tres órdenes de gobierno puedan hacer un uso ordenado, responsable y transparente de la deuda pública que contraten y que los estados y municipios “no realicen un uso desmesurado de ese instrumento y pongan en riesgo no sólo sus finanzas públicas sino las del país entero”, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó ante el Pleno una reforma constitucional
El senador Carlos Mendoza Davis, a nombre de su bancada, dijo que la iniciativa busca facultar al Senado de la República para que conozca, supervise y valide el proceso de contratación de deuda y, en caso, objetarla.
Mencionó que con la supervisión de los senadores ser formará un contrapeso para procurar el buen ejercicio de las finanzas públicas por parte de los estados y municipios, y para ello contará con el apoyo técnico de instituciones la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.
Señaló que en el caso de los recursos que la Federación otorgue como apoyo extraordinario, el Senado deberá emitir una recomendación a la autoridad hacendaria para que antes de ser liberados se asegure que no serán utilizados para cubrir obligaciones económicas de cualquier índole, sobre todo aquellas derivadas de la deuda pública.
De igual manera, se pretende que la Cámara de Diputados fiscalice los recursos de las obligaciones contraídas, a través de la Auditoría Superior de la Federación --y de darse el caso--fincar las responsabilidades correspondientes.
Corresponderá a la colegisladora garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones pactadas y abocarse a la revisión pormenorizada de dichos recursos para determinar el destino de la deuda pública contratada por la federación, entidades federativas y municipios.
Además, indicó, en ese análisis estarán incluidas empresas y fideicomisos con participación pública y organismos autónomos, por lo que en caso de que existieran irregularidades en el manejo de la deuda los diputados estarán facultados para determinar y fincar las responsabilidades a que haya lugar iniciando el procedimiento respectivo.
Explicó que estas medidas atienden “fundamentalmente al principio de corresponsabilidad y representación que ostentan los legisladores federales en las cámaras del Congreso, característicos de un sistema federal basado en el Estado de derecho”.
No debe considerarse --precisó-- como un límite a la soberanía de los estados, toda vez que las entidades federativas se encuentran representadas en el Congreso de la Unión a través de los diputados y los senadores provenientes, lo que es esencial para la defensa de los intereses y necesidades de la nación.
Mendoza Davis dejó en claro que los estados conservarán la facultad para aprobar su deuda pública y planteó que cada legislatura local otorgue la autorización correspondiente con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
Adicionalmente, dijo, lo congresos estatales podrán aprobar proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la deuda contratada bajo la misma mayoría de las dos terceras partes de sus legisladores.
Por otro lado, propuso que el Senado pueda conocer el proceso de recontratación financiera con la facultad de dicha contratación en caso de que los términos que se propongan no resulten favorables al ente público.
El legislador expresó que el caso de la deuda pública, “hoy en día, es un asunto mayor que corresponde atender bajo la dinámica del ejercicio público en la que los órganos de la federación regulen y controlen el tema para evitar que los intereses generales de la nación se vean afectados”.
Enfatizó que la multiplicidad de legislaciones y la opacidad que ha generado la ausencia de criterios homogéneos, “ha puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas”.
Por ello, puntualizó, es necesaria la rectoría del Congreso respecto a determinar las reglas y bases normativas que habrán de regular la deuda pública, desde su contratación hasta su conclusión, incluida la emisión de bonos de deuda.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación correspondiente.
Asimismo, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita su opinión al respecto.
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