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El senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez consideró que los medios de comunicación masiva “se han instituido como un metapoder por encima de cualquier gobierno y sus ciudadanos”, por lo que urge replantear las relaciones entre éstos, el Estado y la sociedad.
Los medios, en tanto concesiones públicas, enfatizó, “deben atender las políticas de Estado, no las de gobierno”, por lo que es necesario “rescatar” su carácter público, hacerlos accesibles a diversos sectores sociales, diversificar concesiones y permisos, establecer acuerdos sobre el desarrollo de contenidos e instrumentar mecanismos de vigilancia y control.
Por ello, el legislador propuso reformar la Constitución para promover la democratización de los medios de comunicación y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a la información y a la libre expresión de las ideas.
Entre otros puntos, Encinas Rodríguez dijo que es indispensable que las telecomunicaciones sean áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución, por lo que el Estado debe ejercer su rectoría sobre éstas.
Estimó que se requiere garantizar el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro, así como favorecer sus condiciones técnicas y materiales en los términos que las leyes de la materia determinen.
Además, planteó la creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales como organismo público autónomo y que se encargue, de manera integral y directa, del otorgamiento de concesiones y permisos, así como de la regulación de contenidos y espacios.
El legislador afirmó no se puede restringir el derecho de información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de cualquier índole, otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información.
La iniciativa también propone que toda persona tenga derecho de réplica cuando se difunda información bajo cualquier medio de comunicación masiva que falte a la veracidad o vulnere su honor o dignidad.
La propuesta se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
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