Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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Hoy tenemos la oportunidad como legisladores de aportar los mejores talentos para trabajar a favor de la Constitución, del país y sus ciudadanos, aseguró la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona, al pronunciarse sobre el 96 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917.

La Carta Magna, agregó, reconoce las libertades ciudadanas principales, como las de expresión, asociación, propiedad y tránsito, también los derechos sociales como el de huelga y organización de los trabajadores y campesinos, así como el de la educación gratuita y laica.

Además, dio pleno dominio a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales y sometió la propiedad a las modalidades que dicte el interés público. Garantiza también los derechos políticos básicos de los ciudadanos: el derecho al voto, la igualdad ante la ley y el de amparo contra abusos de autoridad.

Por todo ello, hoy se enaltece que se haya promulgado la norma suprema de la Nación que “debemos, como lo hemos protestado, respetar y defender como la piedra angular que rige actualmente al país”, apuntó en el marco de la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Por su parte, el senador Javier Corral Jurado manifestó que a pesar de que la Constitución ha estado en reformas permanentes, nunca se habían presentado con la intensidad y profundidad de las últimas dos décadas. Sin embargo, subrayó que al reformismo constitucional no le ha seguido el mismo compromiso para reglamentarlo, ya que aún están pendientes más del 50 por ciento de las leyes reglamentarias derivadas de las reformas por mandato constitucional.

El legislador tiene el reto fundamental de concretar en la legislación secundaria los principios constitucionales, de lo contrario quedan suspendidos los propósitos constitucionales de igualdad esencial ante la ley de respeto a los derechos humanos, agregó.

Asimismo, consideró, la celebración del centenario de la Carta Magna debería hacerse con una normatividad, articulada y armónica, que responda a una interpretación sistemática para garantizar de manera responsable y moderna la asunción de los nuevos derechos.

El PAN, dijo, contribuirá como lo ha hecho durante 60 años de la vida del país, con reformas que hagan de la Constitución el instrumento fundamental de reconocimiento de tutela de derechos no solo individuales sino sociales.

En tanto, el senador perredista Raúl Morón Orozco argumentó que se celebra la Constitución Política de 1917, que a pesar de haber sido una de las primeras constituciones sociales del siglo XX mantiene vigencia jurídica, política, social ideológica como ejemplo del constitucionalismo contemporáneo en todo el mundo.

El 5 de febrero de 1917, sostuvo, fue promulgado el texto aprobado por los diputados constituyentes en Querétaro, dando así la posibilidad a nuestro país de transitar hacia un régimen de liberalismo social y político que plasmara en su  articulado la ideología revolucionaria de ese grupo de pensadores liberales.

“Los constituyentes del 17 fueron mexicanos excepcionales que dieron nueva dimensión a las bases constitucionales surgidas de una revolución social motivada por defender el legítimo derecho  de mexicanos a la igualdad, justicia, apertura de oportunidades y acceso y equidad para los que menos tienen derivado de las exigencias de una sociedad agraviada, sometida, marginada y excluida”.

Puntualizó que este día  debe servir de marco de reflexión, adquirir mayor significado y determinación para que en torno de nuestras instituciones jurídicas, políticas y sociales, confirmemos que la única medida para servir a México, es servirla con responsabilidad y congruencia.

Tenemos un compromiso social, destacó, fue la sociedad quien nos eligió y, con ello, nos otorgó su voto de confianza para representarlos y atender sus necesidades e intereses.

Los mexicanos del siglo XXI demandamos un proyecto educativo nacional que siente las bases de la redacción de un Artículo tercero más asequible a todos, que garantice la educación pública y su obligatoriedad y gratuidad en todos los tipos y niveles educativos, finalizó.

En su oportunidad, el senador Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde Ecologista, afirmó que los legisladores deben asumir con responsabilidad las facultades legislativas y participación en el constituyente permanente.

Agregó que la Carta Magna, hoy más que nunca, demuestra tener vida y prueba de ello son las importantes reformas constitucionales logradas gracias a la voluntad de las diferentes fuerzas políticas.

Recordó los cambios constitucionales como la reforma en materia de derechos humanos, que permitió que se elevaran a rango constitucional los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales en los que México es parte.

Además, se reconocieron el derecho a la alimentación y el derecho al agua; en materia de justicia se adoptaron esquemas legales novedosos como las acciones colectivas y el Derecho Penal ha transitado a un sistema acusatorio, fortaleciendo las garantías para quienes intervienen en él.

Asimismo, consideró, la reforma educativa recientemente aprobada permitirá que los niños y jóvenes mexicanos reciban la preparación adecuada para su desarrollo personal, con lo que México contará con un capital humano talentoso y capacidad para enfrentar retos de una sociedad global compleja y competitiva.

Sin embargo, aseguró que existen temas pendientes como la obligatoriedad de la educación superior, el fortalecimiento de comunidades indígenas, el derecho a la banda ancha, el combate a la corrupción mediante la creación de un sistema nacional, así como la autonomía del IFAI aprobada en el Senado.

Por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz pidió a los legisladores tener en cuenta que la Constitución es un pacto que une a los mexicanos y no un texto que no sirve más que para ser violado.

Destacó que “lo que se aprueba todos los días en el Congreso va en contra de la Constitución, porque establece un régimen donde el Estado tiene una responsabilidad social y establece una serie de principios para proteger la justicia social del país, eso ya se borró”.

Vivimos lo contrario a la Constitución, reiteró, porque existe una violación de esencia a ésta, pues el Estado no es responsable de la equidad social; se tienen 50 millones de pobres.

Aunado a esto, dijo, se aprobó recientemente una reforma laboral que va en contra de los principios de la Carta Magna, es una reforma empresarial que les quita a los trabajadores la oportunidad de defenderse.
 

 

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