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El pleno de la Comisión Permanente solicitó al Senado de Estados Unidos impulse un mecanismo para que en California, Arizona, Nuevo México y Texas toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico.
Con esta medida, al momento de que una arma sea utilizada en algún hecho de sangre se podrá saber con precisión el nombre de quién la haya adquirido originalmente en la armería y proceder a la búsqueda y localización de su dueño, precisó la senadora priista Marcela Guerra Castillo al presentar la propuesta de urgente resolución.
Los legisladores también pidieron que dicha información sea proporcionada de manera oportuna al gobierno de México, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de nuestro país, de la Freedom of Information Act de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación para lucha contra el tráfico de drogas.
Guerra Castillo reconoció que cada país es soberano para establecer sus propias leyes, pero “es indiscutible que existe una responsabilidad sobre los efectos que el tráfico de armas implica en países vecinos, especialmente cuando éste se realiza de manera ilegal”.
Las características de este comercio en la frontera y los hechos ocurridos al interior de Estados Unidos, enfatizó, “son incompatibles con la letra y el espíritu que sustentan la libertad de los individuos de portar armas para su defensa conforme a la Segunda Enmienda”.
Dijo que es necesario que las autoridades estadounidenses consideren la posibilidad de restablecer la prohibición de la venta de armas de asalto, ya que se ha podido identificar una relación causal entre el momento en que expiró esa prohibición y un incremento en el nivel de criminalidad en México.
El informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, agregó, estima en 20 millones de dólares el valor de las armas que son trasladadas del norte al sur, por lo que resulta evidente que en ambos países deben implementarse iniciativas para la reducción efectiva del tráfico y el mayor control de las armas, conforme al Tercer Protocolo Adicional de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado.
En su turno, el senador José María Martínez Martínez hizo notar que tal como se aprobó el exhorto “quedaría como un mero oficio, de socio a socio, de par a par, sin ningún trascendencia en la política internacional”.
Por ello, el legislador de Acción Nacional propuso “dirigir un comunicado” a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el objetivo del punto de acuerdo se dirija de manera oficial al país vecino.
A nombre del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo, subrayó que “hasta algunos días parecía que la facilidad que existe en Estados Unidos para la compra de armas” sólo perjudicaba a México, pero la tragedia de Connecticut, donde murieron más de 18 niños, “ya puso en crisis” las disposiciones que permiten esto.
“Por eso, me parece muy oportuno que se haga un llamado del Congreso mexicano a los congresos de los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas para que realicen el registro balístico”.
En tanto, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, destacó que uno de los reclamos en las reuniones interparlamentarias es que los legisladores deben involucrase más en la sensibilización de sus congresos para restringir el traslado libre y tráfico ilegal de armas.
Sin embrago, dijo, “en Estados Unidos hay una corriente que durante los últimos años se ha mantenido muy cerrada a modificar alguna disposición respecto a la Segunda Enmienda y ha sido férrea la lucha de distintas asociaciones de poseedores de armas” en este sentido.
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