Número-1199
- Evitar burocracias costosas y garantizar salarios justos, equitativos y proporcionales, el objetivo del ordenamiento.
La Cámara de Senadores aprobó, en lo general, con 90 votos en favor y 28 en contra, la minuta que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyo objetivo es que estos salarios sean justos, equitativos, adecuados, proporcionales y responsables.
En el dictamen, las y los legisladores explicaron que, con este nuevo instrumento jurídico, el Congreso de la Unión ratifica su compromiso de erradicar burocracias costosas y establecer retribuciones mediante criterios objetivos, acordes con las responsabilidades de los servidores públicos y la realidad del país.
A través de esta Ley, subraya, se pretende alcanzar un equilibrio para que la remuneración de los funcionarios sea suficiente para brindar una vida digna a sus familias, que los salarios sean atractivos y justos para los perfiles profesionales calificados y se generen ahorros en beneficio de la sociedad.
También, se atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en este nuevo ordenamiento se regulen los principios de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad.
En el documento, se destaca que la inclusión del Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), como referente para la determinación de las retribuciones de los trabajadores del Estado, es una metodología innovadora que nunca antes se había aplicado en el país.
Precisa que esta nueva forma de determinar los salarios de servidores públicos, con sentido social y racionalidad económica, parte de la remuneración anual del Ejecutivo Federal, la cual constituye el tope máximo para el pago del resto de los funcionarios.
Este criterio frena la práctica discrecional de conceder que algunos servidores públicos, tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos, pues ello no es proporcional a la función y responsabilidad del encargo encomendados en las leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones normativas que conforman el sistema jurídico mexicano, se subraya el documento.
De esta manera, el proyecto precisa que ningún servidor público, obligado por la Ley, recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.
Se reitera en el documento que esta ley no deja espacio a la opacidad porque establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas y las autoridades están obligadas a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
El Poder Legislativo refrenda la convicción de que las remuneraciones en el sector público no son una fuente de enriquecimiento, sino una justa retribución para quienes, manteniéndose en la medianía, laboran con el propósito de procurar bienestar para la sociedad, por lo que el ejercicio de la función pública demanda un grado importante de vocación y compromiso, se puntualiza.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que esta Ley es el resultado de un clamor popular: “no más funcionarios que se pongan el sueldo que quieran”. Se termina, dijo, con los excesos en el servicio público, pues éste debe ser para servir a los mexicanos y no para enriquecerse.
Precisó que el dictamen señala que ningún servidor público recibirá remuneración mayor, a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, consideró que, con la emisión de esta nueva ley, se contribuirá a la construcción de un esquema de remuneraciones que ofrezca un ejercicio eficiente de las responsabilidades públicas, en favor de la población.
Destacó que se proporcionarán condiciones de equidad y respeto a los derechos fundamentales de las y los servidores públicos. Además, “responde al país que, con tanta urgencia, pide que se acaben los gobiernos ricos con pueblo pobre”.
La minuta también abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.
Por Morena, el senador Martí Batres Guadarrama señaló que con este proyecto se establecen reglas claras, parámetros y criterios, como lo pidió la Suprema Corte, para generar un sistema que delimite las percepciones en el servicio público. Con ello, acotó, “se refrenda la convicción de que las remuneraciones no pueden ser fuente de enriquecimiento”.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que está de acuerdo con la propuesta en general, pues nada ha indignado más a la sociedad que los privilegios que durante años tuvo la clase gobernante; sin embargo, subrayó, existen trabajos de elevado riesgo y de alta especialización que requieren un sueldo acorde.
La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, coincidió en la necesidad de construir un poder público racional y austero, apegado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Pero, consideró, la propuesta no es un marco regulatorio útil, ni brinda certidumbre o claridad sobre las percepciones del sector público.
Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano, comentó que es indispensable que el Senado considere la protección irrestricta de los derechos humanos de los servidores públicos judiciales. “No podemos -expresó- permitir que su remuneración económica quede al capricho de una persona, sin una base real ni sustento”.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del PT, opinó que es momento de hacer un cambio de cultura organizacional donde la remuneración vaya de la mano de una ética de trabajo. “Servir al pueblo de México, percibiendo de manera honesta lo justo y dejando los privilegios a un lado. La austeridad es un cambio social que debe encaminar los pasos de los servidores públicos en beneficio de las y los mexicanos”, expresó.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, indicó que su fracción parlamentaria no está en contra de la austeridad republicana, sino en contra de un dictamen inconstitucional que no cumple con la sentencia emitida por la SCJN para garantizar certeza jurídica y salarios justos.
