Número-1171
- La resolución de la SCJN para utilizar la UMA viola derechos humanos y la Constitución, señala José Narro.
El senador José Narro Céspedes hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las instituciones de seguridad social a mantener el cálculo de las pensiones, con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise la resolución con la que se dispone que el cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los empleados, adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se determine con la UMA y no con el salario mínimo.
En un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Seguridad Social, el legislador de Morena insistió que con esa decisión el tope de jubilación baja, de forma automática, en 40 por ciento, pues la Unidad de Medida y Actualización hoy en día tiene un valor de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo diario es de 141.70 pesos.
Narro Céspedes afirmó que, con dicha resolución, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN resolvieron en favor “de una estratagema del gobierno de Enrique Peña Nieto para pagar todavía menos a unas pensiones de por sí miserables”.
Refirió que las legislaciones, tanto del ISSSTE como del IMSS, señalan que se deben cobrar las cuotas y aportaciones en salarios mínimos, para seguir pagando las pensiones con el mismo parámetro.
Sin embargo, desde el sexenio anterior, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comenzó a utilizar la UMA para el pago de pensiones, lo cual generó gran molestia entre los jubilados porque vieron una significativa disminución en su ingreso, por lo que entablaron un juicio laboral que llegó hasta el juicio de amparo.
Pero, continúo el senador Narro Céspedes, la Suprema Corte intervino en el caso y resolvió que, efectivamente, la Unidad de Medida y Actualización era la nueva forma de calcular el tope máximo de la pensión.
José Narro consideró que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte viola varios artículos constitucionales, las leyes en materia de seguridad social y los derechos humanos.
“Hay que tomar en cuenta que la seguridad social es una tarea fundamental del Estado mexicano, y que el Poder Ejecutivo Federal está facultado para vigilar el cumplimiento de este derecho de los trabajadores”, concluyó
