Senado de la República

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La Comisión Permanente solicitó al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al gobierno del estado, así como a las secretarías de Medio Ambiente, Economía y Gobernación un informe sobre la construcción y operación del centro comercial Dragon Mart, en Cancún.
De acuerdo con el resolutivo, la Tercera Comisión, que preside la senadora Dolores Padierna Luna, revisará el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen al proyecto con la finalidad de analizar su impacto económico, ambiental, de migración y social.
Al presentar el dictamen, la legisladora explicó que la propuesta original era frenar la edificación de este desarrollo, pero “no está en nuestras facultades suspender la obra”.
Destacó que Dragon Mart debe analizarse “cuidadosa y profundamente”, por lo que senadores y diputados coincidieron en pedir datos de carácter social, ambiental, económica y de migración “para normarnos un criterio y actuar”.
Se requiere, dijo, conocer primero qué se pretende hacer, qué impactos tiene y si cubre los requisitos de la ley.
Por su parte, el diputado priista Francisco Arroyo Vieyra aclaró que con el dictamen los legisladores no están en contra de la inversión extranjera, pero existe la preocupación entre empresarios del zapato y de la industria textil “por el ingreso de mercancías de oriente que tienen un bajo precio”.
Dijo que la permanencia de aranceles a los productos de origen oriental “es una vieja petición de los productores mexicanos que quieren subsistir y que no pueden competir con una economía que no tiene impuestos ambientales y obligaciones de seguridad sociales y que tiene salarios equiparables al de un tazón de arroz”.
En su turno, el diputado Rodrigo González Barrios, también del PRD, señaló que el proyecto contempla una excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas --cuatro veces más la Alameda Central-- para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo.
Ello, con el propósito de construir más de 700 habitaciones, con una inversión superior de 100 millones de dólares.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que al ayuntamiento de Benito Juárez no se le ha presentado “un proyecto acabado”, sino simplemente un bosquejo arquitectónico.
Consideró que no sólo existen irregularidades de carácter inmobiliario, sino también “un precedente” sobre “regímenes legales especiales para gente de otros países porque lo que se está planteando prácticamente es una ciudad con sus propios mecanismos, leyes laborales” y ciudadanos chinos.
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