Número-1112
- Geovanna Bañuelos plantea que se retire la concesión a los expendedores que estafan a los usuarios
A pesar de las medidas que implementó el Gobierno Federal para combatir el “huachicoleo”, persiste en México el robo de combustible en las estaciones de servicio, que han encontrado nuevas formas para despachar menos litros de gasolina que los que pagan los consumidores.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realicen operativos sorpresa en todas las gasolineras del país y sancionen a quienes suministren de manera incompleta el combustible solicitado.
Incluso, la legisladora del PT propuso que, ante la reincidencia de esta conducta, la Comisión Reguladora de Energía retire las concesiones de los expendedores que estafan a los usuarios.
En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria, Bañuelos de la Torre advirtió que se detectó un nuevo modo en el que las gasolineras despachan menos litros, sin que las y los consumidores se percaten.
Se trata de un “rastrillo” que se esconde al interior de la bomba de gasolina para controlar el flujo y alterar los litros que venden, se activa mediante un control remoto para que las personas no sospechen de la alteración. Se estima que una de cada 12 gasolineras podía contar con sistemas de este tipo.
De acuerdo con un reporte de la Profeco, presentado ante el Gabinete Federal la primera semana de marzo, al menos 297 gasolineras han instalado “rastrillos” en 853 bombas para estafar a las personas consumidoras.
Dicho informe indica que estos establecimientos pertenecen a 271 razones sociales, que obtuvieron permisos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que se aprobó la reforma energética.
Bañuelos de la Torre agregó que según el artículo 128 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial a las gasolineras en las que se hayan acreditado las irregularidades.
“Ante esta deplorable situación, debe actuarse a la brevedad posible. No podemos permitir que personas que buscan beneficio personal a causa del detrimento social sigan lucrando indebidamente”, expresó la senadora en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.
