Senado de la República

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Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México el 65.5 por ciento de la población carece de seguridad social, mientras que un 40.7 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud, aseguró la senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros.
De igual manera, hizo notar que el actual Sistema Nacional de Salud Pública está “poblacional e institucionalmente fragmentado”, además de que es “financieramente caótico”, lo que ocasiona que ese organismo sea “ineficaz, ineficiente y costoso”.
Ante este problema, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de establecer el derecho de toda persona a la seguridad social y garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes.
Asimismo, pidió incluir el derecho a la salud para que el Estado tenga la obligación de ofrecer un acceso universal, integral y equitativo a los servicios médicos.
Lo anterior, explicó, se lograría mediante la creación del Sistema Único de Salud Pública, que brinde “el más alto nivel de salud física y mental”, a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios.
 
En este sentido, planteó que las instituciones humanitarias que no tengan fines lucrativos podrán colaborar complementariamente en dicho Sistema; sin embargo quedará prohibido otorgar subsidios públicos a organizaciones privadas que busquen lucrar con ese tipo de servicios.
 
Indicó que también se pretende facultar al Congreso para legislar en materia de seguridad social, a efecto de definir las bases y modalidades para el acceso a la asistencia y prestaciones sociales de los mexicanos.
Expuso que el crecimiento económico del último sexenio fue en promedio del 2 por ciento --el más bajo desde los años 80-- lo que  propició que el trabajo formal fuera a la baja, una pérdida severa del poder adquisitivo y que la pobreza se disparara hasta alcanzar alrededor de la mitad los mexicanos.
Esa situación, agregó, impactó en el ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos, tales como la alimentación, salud, educación y seguridad social, entre otros.
Cuéllar Cisneros consideró que el desafío es que el Estado retome y fortalezca el bienestar y la justicia social, y resguarde “los más elevados horizontes en la calidad de vida de todas las personas para estar a la altura de las exigencias de nuestra época histórica”.
Dijo que es fundamental reconocer el carácter universal, indivisible e irrenunciable de los derechos sociales establecidos en los tratados y convenios internacionales que México ha firmado.
Por ello, enfatizó, se justifica la necesidad de elevar a rango constitucional la seguridad social universal y “uno de los instrumentos que hace posible su dimensión sanitaria es el Sistema Único de Salud Pública”.
 
“El propósito esencial es dejar claro a los mexicanos que podrán ejercer --independientemente de la condición laboral y socioeconómica de cada persona-- su derecho a la seguridad social mediante un sistema solidario, público, unificado e integrado, financiado por los trabajadores,  patrones e impuestos generales”.
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