Número-961
- Los patrones estarán obligados a identificar y hacer del conocimiento de las autoridades las acciones que afecten este principio.
Por unanimidad, con 113 votos a favor y cero en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, una serie de reformas a diversos ordenamientos legales con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el dictamen tiene una relevancia fundamental, toda vez que promueve medidas para erradicar, del sistema jurídico mexicano, la discriminación salarial contra las mujeres.
Con esta propuesta normativa, enfatizó, queremos que el gobierno, las instituciones y el Congreso aseguren que hombres y mujeres tengan una base legal para ejercer el derecho a la igualdad de remuneración ante los empleadores y ante las autoridades competentes.
Monreal Ávila subrayó que nunca nadie se atrevió a legislar sobre este derecho en favor de las mujeres. “Ningún otro Congreso llegó a lo que nosotros estamos logrando”: poner fin a la desigualdad salarial, que implica acabar con los estereotipos de género, eliminar los obstáculos institucionales y compartir las responsabilidades familiares de manera igualitaria.
La propuesta, que se remitió a la Cámara de Diputados, establece que la violencia económica es aquella que provoca o perpetúa la brecha de género, o la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor inobservando el principio de proporcionalidad, dentro de un mismo centro laboral.
Establece que será objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.
Asimismo, los salarios se fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución y los tratados o convenios internacionales en la materia, considerando los conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las relaciones interpersonales.
Así como los esfuerzos mental y físico, las responsabilidades del puesto, con independencia del número de personas a cargo, y las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, el entorno físico y el ambiente psicológico en que se realiza el trabajo.
El dictamen señala como violencia laboral “preguntar el historial salarial en el proceso de contratación o de la relación laboral”, así como las acciones u omisiones que directa o indirectamente perpetuán la brecha salarial de género.
Con la reforma, los patrones estarán obligados identificar y hacer del conocimiento de las autoridades e instancias correspondientes posibles acciones u omisiones que afecten el principio de igualdad salarial.
Además, prohíbe toda compensación o práctica que incida en las percepciones económicas de la persona trabajadora, originada por razones de género, étnica, de edad, cultural o cualquier motivo discriminatorio.
Al presentar el dictamen por parte de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, su presidente Napoleón Gómez Urrutia, manifestó que se trata de una reforma histórica, de trascendencia nacional, que busca eliminar la marginación de las mujeres.
Es una reforma estructural, puntualizó, para corregir vicios y deformaciones, para alcanzar la justicia laboral y el respeto completo, integro a los derechos humanos de la población femenina.
A su vez, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor desigualdad salarial entre mujeres y hombres.
Por lo que, subrayó, si no tomamos las medidas adecuadas en el ámbito de las políticas públicas, la brecha de desigualdad se profundizará y agravará más las vulnerabilidades de mujeres y niñas, sobre todo de indígenas, campesinas y afromexicanas.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, apuntó que esta reforma dará un giro laboral en México a favor de una verdadera igualdad laboral. Las y los legisladores, “reiteramos nuestro compromiso con los mexicanos para seguir impulsando reformas que promuevan el desarrollo de las familias mexicanas”.
De Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán, aseguró que con la modificación de 13 leyes se acortará la brecha salarial que persiste de manera inhumana en pleno Siglo XXI. Hoy, abundó, las mujeres trabajamos y pagamos impuestos, pero ganamos hasta 30 por ciento menos que los hombres.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, recalcó que las mujeres mexicanas están representadas en un Congreso en el que se avanza hacia la igualdad sustantiva.
De Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado, señaló que la reforma no busca privilegios, sino dar valor al trabajo de las mujeres, el cual, es desvalorizado en términos salariales y de prestaciones.
La senadora del PES, Claudia Herrera Rodríguez, aseveró que en el campo laboral el trato hacia las mujeres es diferente desde el tipo de contrato que firman, hasta las condiciones y actividades que se les asignan, aspectos que impiden su progreso.
Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM, afirmó que con la aprobación de este dictamen fortalecemos el empoderamiento económico de las mujeres, el cual agregó, es clave en el bienestar general de la sociedad.
Por el PT, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre afirmó que esta reforma reconoce el aporte de las mujeres al crecimiento del país, a la fuerza productiva, al sustento de las familias, a la economía y al desarrollo de pueblos y comunidades.
El senador Marco Trejo Pureco, del PRD, celebró este “enorme avance”, pero consideró que también se tiene que fomentar su participación en algunos sectores de la economía, donde no hay mujeres, así como reducir “la carga de horas” que destinan al cuidado de los hijos y del hogar.
En la discusión en lo general, la senadora de Morena, Evelia Sandoval Urban señaló que ni la democracia ni el desarrollo pueden ser posibles si la mitad de la población se encuentra en clara y franca desventaja. La verdadera transformación, abundó, es la que elimina las desigualdades y corrige los desequilibrios.
La senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, reiteró que esta Legislatura, debe recordarse por su visión para trabajar unidos, con humildad y solidaridad, en favor de proyectos como éste.
Para la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, es fundamental apostar por la disminución de la brecha salarial y la profesionalización de las mujeres, pues de esta manera la sociedad será más equitativa.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, sostuvo que la lucha por la igualdad de género implica transformar profundamente los sistemas patriarcales vigentes en la política y economía, así como en relaciones laborales y familiares.
Verónica Delgadillo García, senadora de Movimiento Ciudadano, asentó que la “Legislatura de la paridad de género” está para trabajar por la agenda de las mujeres y para transformar sus vidas.
La iniciativa con proyecto de decreto modifica las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Ley del Seguro Social, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Así como las leyes federales de los Trabajadores al Servicio del Estado; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Remuneraciones de los Servidores Públicos; del Trabajo; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
