Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-931

  • El proyecto es constitucional, afirma Ricardo Monreal; incrementará precio de la luz, aseguran senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano


Con 68 votos a favor y 58 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

 

Previo a la votación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional, ya que privilegia las energías limpias, fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE.

 

De manera infundada, indicó, se ha señalado que el dictamen elimina la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpia, lo cual es falso, pues se establece un orden de prioridad a nucleoeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE. “México sí es promotor del uso de energías limpias”, recalcó.

 

Monreal Ávila recordó que desde el 2013 advirtieron que revertirían la “reforma energética” de ese entonces, pues privatizaba y desmantelaba al Estado de su prestación de este servicio público. A los legisladores que éramos oposición se nos pisoteó, ignoró y humilló.

 

Ahora, puntualizó, no debe extrañarle a nadie que estemos asumiendo una posición congruente frente al país y la ciudadanía.

 

En los posicionamientos, Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, dijo que el dictamen provocará repercusiones en diversas áreas del desarrollo nacional, afectará obligaciones de tratados internacionales, violará el texto capítulo 22 del T-MEC y, en consecuencia, expone al país a demandas y mecanismos sancionatorios.

 

La senadora del PT, Cora Cecilia Pineda Alonso, destacó que la iniciativa garantizará la seguridad energética nacional, instaurará un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, establecerá la rectoría del Estado para dirigir la planeación del sistema eléctrico nacional y otorga facultades a la Comisión Reguladora de Energía para lograr el autoabastecimiento.

 

De Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo García afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará al pueblo de nuestro país a pagar dicho aumento. Con esta propuesta, sentenció, se afecta a la gente más pobre.

 

Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel denunció que el dictamen se procesó sin escuchar opiniones. Nadie puede negarse a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero no es razonable poner en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones sólo por apuntalar a dicho organismo.

 

Julen Rementería del Puerto, senador de Acción Nacional, dijo que esperaban que se realizará un Parlamento Abierto en el que se pudiera analizar la Ley, pero lo que se busca es revertir la “Reforma Energética”, con lo que la energía resultará más cara en el futuro.

 

A nombre del Morena, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera confió en que la aprobación de la minuta será una acción emblemática en la historia reciente del país, para corregir decisiones políticas erradas, las cuales sólo han propiciado desigualdad estructural en detrimento de la nación y el interés general.

 

En la discusión, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria afirmó que debe discutirse un nuevo pacto social energético con visión de futuro, que supere los excesos del pasado, garantice los derechos de las generaciones siguientes, el suministro de energía y la justicia social, además de consolidar el rol de Estado y su soberanía en tiempos de globalización.

 

A favor, Ovidio Salvador Peralta Suárez, de Morena, aseguró que se velará por el bien común, mediante la producción de energías limpias que produzca el país. Agregó que la participación de particulares nacionales y extranjeros continúa, sólo cambia la prioridad.

 

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, enfatizó que la reforma lesiona los bolsillos de los mexicanos y vulnera el derecho fundamental a tener un medio ambiente sano para su bienestar. Advirtió que las modificaciones se traducirán en un aumento de bienes y servicios originados por el mayor costo de generación de energía.

 

Geovanna Bañuelos De la Torre, coordinadora del PT, sostuvo que las modificaciones abonan a la soberanía energética del país y corrige los errores cometidos como la aprobación de la “Reforma Energética” de 2013. Esta reforma no atenta contra las energías verdes, no provoca el incumplimiento de acuerdos internacionales, ni cierra las puertas a la inversión privada, apuntó.

 

Del PRD, el senador Antonio García Conejo denunció que no se escuchó a expertos en el proceso de dictaminación y asentó que se debe modernizar y dignificar a la CFE para que en verdad exista una sana competencia en beneficio de la sociedad y no en prejuicio de ésta.

 

Gabriela Benavides Cobos, legisladora del PVEM, dijo que, si en realidad queremos ser un país productor de energías limpias, es incongruente que la Ley exija a la Federación operar mayormente con gas y quema de combustóleo.

 

En tanto, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que la reforma desaparece las subastas como mecanismos transparentes que aseguran a los mexicanos tener energía más barata, y son sustituidas por “contratos a modo”, mediante los cuales, precisó, la CFE puede acordar los términos sin que medien mecanismos de transparencia.

 

En su oportunidad, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, expresó que la legislación confirma que la presente administración apuesta al uso de energías sucias, el cual fomenta un modelo que generará mayores emisiones de efecto invernadero, así como contaminantes climáticos.

 

Luego de su aprobación en lo general, senadores de diferentes Grupos Parlamentarios iniciaron la presentación de sus reservas.

 

El proyecto de decreto, remitido por la Cámara de Diputados y avalado por las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, tiene su origen en una iniciativa preferente del Presidente de la República, y modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de dicho ordenamiento.

 

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