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El senador Juan Carlos Romero Hicks propuso este jueves reformar la Constitución para que el ingreso, permanencia y promoción de los docentes, asesores de apoyo técnico-pedagógico, directores o supervisores en la educación que imparta el Estado se lleven a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio.
La iniciativa, explicó el legislador panista en la exposición de motivos, también contempla “salvaguardar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores de la educación, así como sujetar a disposiciones de transparencia a los sindicatos” del sector.
Sugirió establecer en la ley sanciones para los trabajadores que suspendan o paralicen, sin causa legal justificada, la prestación de servicios públicos a cargo de órganos, organismos o entidades en el ámbito de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal.
El legislador se pronunció por una reforma constitucional de fondo que transforme sustancialmente el sistema educativo y garantice educación de calidad para todos.
“México --expresó-- no puede aceptar que una reforma en la que se juega el futuro de diferentes generaciones de ciudadanos se limite a modificaciones cosméticas”.
En este sentido, reconoció la propuesta surgida del Pacto por México, pero estimó conveniente complementar y adicionar los temas que quedaron fuera de dicha iniciativa como del dictamen de la Cámara de los Diputados.
Resaltó la importancia de que los resultados de la evaluación educativa estén a disposición de cualquier persona y determinar las aportaciones económicas al servicio público de la educación.
El también presidente de la Comisión de Educación consideró que “la negativa de los docentes a someterse a evaluación debe traer como consecuencia la separación del servicio” y la necesidad de transformar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en un órgano constitucional autónomo.
A fin de reordenar las relaciones laborales para ejercer la rectoría del Estado en la educación, Romero Hicks planteó incorporar el principio democrático en la elección de dirigentes sindicales, así como la trasparencia y rendición de cuentas a favor de los derechos de los trabajadores de la educación.
Además, establecer expresamente en la Carta Magna que se sancionarán los paros, sin causa legal justificada, de labores docentes, y fijar un plazo para que la SEP actualice y corrija las condiciones generales de trabajo del personal, especialmente las comisiones sindicales con cargo al erario, que contravengan los principios del servicio profesional.
De esta manera, aseguró, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura y la idoneidad de los docentes y los directivos coadyuven al máximo logro de aprendizaje de los educandos.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
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