Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-919 

  • Esta actividad es transcendental para el sano desarrollo del sector minero, señala Miguel Ángel Lucero.

 

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas propuso modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que los gastos preoperativos, relacionados con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos mineros, puedan ser deducibles en un 70 por ciento.

 

Aclaró que ese porcentaje aplicaría sólo para aquellos contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos minerales, durante los primeros 25 años de la vigencia de la concesión.

 

Sugirió que estos gastos podrían ser deducible en un 30 por ciento para contribuyentes que cuenten con una concesión con vigencia menor a 25 años.

 

El legislador del PT explicó que el objetivo es fomentar la inversión extranjera directa, promover la consolidación de proyectos que se encuentran en etapa de exploración, mejorar la percepción de México como un país atractivo como destino de inversión, así como continuar con investigación de los yacimientos en las operaciones mineras.

 

Lucero Olivas mencionó que la exploración minera en el territorio nacional es transcendental para el sano desarrollo de un sector estratégico, por lo que se requiere de una política de fomento económico para crear un mayor número de empleos, generar más competencia, atraer más inversión y provocar un dinamismo en esta activad.

 

Refrió que, a partir de 2014, la Ley del Impuesto Sobre la Renta limitó la deducción de las erogaciones realizadas por las mineras en periodos preoperativos, del 100 por ciento en un año, a sólo 10 por ciento anual.

 

Esta disposición, subrayó, ha restado competitividad a la industria minera que, de acuerdo a la encuesta realizada por la Organización de Investigación y Educación, con sede en Canadá, nuestro país ocupa la posición 71, de 76 jurisdicciones evaluadas en materia de régimen fiscal y la posición 29 del ranking general.

 

Consideró indispensable promover políticas, programas, acciones de gobierno y actualizaciones en la legislación, que fomenten sanas prácticas empresariales orientadas al desarrollo sostenible y a la responsabilidad social corporativa.

 

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados.

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