Número-897
- Verónica Martínez propone reducir los efectos adversos de crisis provocadas por situaciones como la actual pandemia de COVID-19.
A fin de que la Cámara de Diputados tenga facultades para decretar una emergencia económica, por causas de fuerza mayor o fortuita que representen una amenaza para la población o generen condiciones negativas que afecten a la economía, la senadora Verónica Martínez García propuso modificar la Constitución Política.
Además, consideró indispensable crear un Consejo de Emergencia Económica que promueva, de manera inmediata, medidas contra cíclicas que permitan reducir los efectos adversos de crisis como la que provocó la pandemia.
Estas acciones, dijo la legisladora del PRI, ayudaría a la estabilidad económica del país, al evitar alguna contracción del Producto Interno Bruto, la inflación, fuga de inversión extranjera, cierre de fuentes de empleo, perdida de poder adquisitivo o la caída en la recaudación de impuestos.
Explicó que es un mecanismo de control de carácter parlamentario que se otorgaría a la colegisladora, para que, entre otros puntos, pueda solicitar con el 33 por ciento, por lo menos, de sus integrantes un análisis técnico sobre condiciones económicas negativas.
Es decir, que en caso de que el Ejecutivo Federal omitiera decretar la emergencia económica, a pesar de existir opiniones técnicas que lo fundamentan, sea la colegisladora quien la decrete y se publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos legales a la brevedad posible.
Verónica Martínez subrayó que actualmente no existe alguna disposición que establezca la obligación del Estado para decretar una emergencia económica ante la existencia de condiciones económicas adversas, por causas de fuerza mayor o fortuita.
Esta propuesta, dijo, permitirá establecer medidas, acciones y criterios de carácter técnico y objetivos, sugeridas por especialistas para afrontar las afectaciones económicas a nivel nacional o regional, y crear las condiciones para lograr una recuperación económica paulatina.
El proyecto de decreto, que modifica el artículo 25 de la Constitución Política, fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
