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Por unanimidad, la Cámara de Senadores modificó diversos artículos de la Ley General de Educación para hacer efectivo el derecho constitucional a recibir educación media superior y que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.
Con estos cambios, el Senado concreta las reformas a la Constitución por las que se establece la obligación del Estado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda acceder a este nivel educativo, aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año.
En el dictamen, que se avaló con 85 votos a favor, se dispone que “es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”.
Precisa que, además de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado atenderá --directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por cualquier otro medio-- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la enseñanza inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
Además, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
Con las modificaciones a la Ley corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal coordinar un sistema nacional de bachillerato, que establezca un marco curricular común para este nivel educativo y con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad.
En tanto, las autoridades locales tendrán atribuciones para participar en la integración y operación de dicho sistema.
Se precisa que el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
Además, se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.
Del mismo modo, se especifica que son derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
Sobre el tema, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz subrayó que gran parte de la problemática que enfrentan los jóvenes es que alrededor de dos millones de personas entre los 16 y los 18 años de edad se encuentran fuera de la educación media superior.
En muchas de las ocasiones, agregó, como resultado de la deserción escolar --sobre todo en primaria--, los jóvenes “simplemente no concluyen la escuela”.
Por ello, dijo, la reforma busca coordinar los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para garantizar el acceso al bachillerato y fijar un marco curricular común sobre el perfil de los egresados.
La legisladora por Puebla destacó que ello permitirá contar con ciudadanos que puedan incorporarse al ejercicio pleno de los derechos de nuestro país.
Por Acción Nacional, el senador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la matrícula atendida en este nivel representa el 12.4 por ciento del total del sistema educativo nacional, es decir que uno de cada ocho jóvenes estudia el bachillerato o su equivalente.
Dijo que actualmente se tiene una cobertura educativa de cerca del 70 por ciento para la población de entre 16 a 18 años de edad.
Agregó que existen “poco más de 200 planes de estudio diferentes de bachillerato”, por lo que se tiene que construir un sistema nacional que logre la identidad de una institución, mejor ordenada y articulada y otorgue sentido de pertenencia.
En tanto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya mencionó que el acceso al bachillerato constituye un piso necesario para revertir los efectos de lo pobreza, desigualdad, exclusión y marginación de los mexicanos que ante la falta de oportunidades se quedan en el rezago, emigran en busca de trabajo o, “peor aún, se suman a las filas de delincuencia organizada”.
Resaltó que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “quienes no concluyen la educación media superior quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, reflejado en el bajo nivel de ingresos y en el alto grado de exclusión del desarrollo”.
El pleno ejercicio de este derecho, enfatizó, no se garantiza sólo asegurando la igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo, sino que implica también el logro efectivo de la gratuidad para que los jóvenes que no tienen recursos puedan acceder a ella.
A su vez, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, expresó: “No podemos obviar lo alarmante que resulta aceptar que aproximadamente 200 mil jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo nacional” ni las limitaciones de la oferta educativa para ellos, el rezago en la cobertura y la baja calidad de los resultados en la pruebas.
En este sentido, reiteró el compromiso de su grupo parlamentario para enfrentar con mayor eficacia los problemas de deserción educativa en el nivel medio superior, pero especialmente para quienes no han logrado acceder a él.
El dictamen, que reforma los artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66 y adiciona la fracción IX bis al artículo 12 y la fracción VI bis al 13 de la Ley General de Educación, se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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