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El Senado de la República aprobó que observadores externos vigilen el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y de comportamiento que son atendidas en la red del Sistema Nacional de Salud.
Al avalar un dictamen que modifica la Ley General de Salud, los legisladores establecieron que la atención de trastornos mentales y de comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de los servicios que ofrece el Estado.
De igual manera, incluyeron la obligación de las autoridades correspondientes de emprender acciones y campañas de promoción de las garantías de personas con ese tipo de enfermedades, a fin de sensibilizar a la población, reducir el estigma, discriminación y favorecer el acceso oportuno a la atención.
Asimismo, los legisladores acordaron la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de dicho Sistema, que permita abatir la brecha de atención en esta materia, así como impulsar la investigación multidisciplinaria en esta área.
Al fundamentar el dictamen, la senadora panista Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud, hizo notar la importancia de atender este tipo de trastornos mediante métodos de prevención y control multidisciplinario, que permitan mejores diagnósticos, conservación y progreso de la salud mental.
Señaló que con esta reforma se establece que la salud mental es “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, trabajo y recreación”.
Acuerdan promover salud a través de tecnologías de comunicación
En la misma sesión, se avaló otra reforma a la ley, a efecto de promover el desarrollo de los servicios de salud, a través de tecnologías de la información y las comunicaciones “para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención médica”.
Al respecto, Ortiz Domínguez dijo que el uso y aprovechamiento de esas herramientas tecnológicas, permitirá a nuestro país “dar un paso firme y agigantado para contrarrestar el rezago en materia de información”.
De igual forma, mencionó que México hace un esfuerzo importante por mantenerse a la vanguardia tecnológica, por lo que se vuelve apremiante impulsar el progreso de esas tecnologías en materia de salud.
Avalan fortalecer medidas de emergencia a favor de las mujeres
En otro tema, el pleno dio visto bueno a modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer que las órdenes de protección de emergencia y preventivas tengan una temporalidad no mayor de 72 horas.
Asimismo, los legisladores acordaron que este tipo de medidas deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que la generan.
En este sentido, se precisó que las órdenes de protección comprenderán desde la desocupación inmediata del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, “independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble”.
También, contemplan la prohibición al “probable responsable de acercarse al hogar, lugar de trabajo, de estudio y del domicilio de los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima.
En el dictamen aprobado se menciona que estas reformas buscan garantizar la seguridad de las mujeres frente a un comportamiento que pretende violentar su integridad psíquica y física, su libertad y seguridad personales.
Los tres documentos aprobados se enviaron al Ejecutivo federal.
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