Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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El Senado de la República dio primera lectura al dictamen que reforma la Constitución, a fin de otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y lo faculta para hacer pública la información relacionada con sindicatos y partidos políticos.
Previamente, en reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera, Gobernación y Anticorrupción y Participación Ciudadana el dictamen fue aprobado por unanimidad.
En el documento se deja en claro que las resoluciones de ese órgano garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Asimismo, se establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos “es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional”.
Sin embargo --se precisa en el documento-- el IFAI no podrá conocer de la información relacionada con asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo caso será resulto por un comité integrado por tres ministros.
Los legisladores acordaron que el número de consejeros del Instituto pase de cinco a siete y su nombramiento esté a cargo de la Cámara de Senadores --previa consulta a la sociedad--, quienes serán elegido con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
La designación, se precisa, podrá ser objetada por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles.
Se explica que en caso de que el titular del Ejecutivo federal impugnara el nombramiento, el Senado designará una nueva propuesta “pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes”.
Si este segundo nombramiento --se agrega-- fuera objetado, el Senado con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes designará al comisionado que ocupará la vacante respectiva y durará en ese puesto siete años sin posibilidad de reelección.
La designación de los dos nuevos comisionados del organismo se realizará a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto.  
En este sentido, se aclara que los comisionados que actualmente conforman el Instituto seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.
Asimismo, se acordó que el organismo cuente con un Consejo Consultivo integrado por diez personas que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.  
Por otro lado, se concertó que el IFAI pueda ejercer acciones de inconstitucionalidad  contra leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por México, que vulneren el derecho a la información pública y protección de datos personales.
También, se incluye en la Carta Magna que los organismos estatales garantes del acceso a la información y protección de datos personales, contarán  con autonomía y serán institutos especializados, imparciales y colegiados.
Se faculta al Instituto para actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los órganos garantes de los estados en garantizar este derecho.  
Los senadores establecieron como información reservada o confidencial que no se podrá divulgar aquella que ponga en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad económica y financiera.
Lo anterior, incluye al secreto bancario, fiduciario, industrial o fiscal, la relativa a la seguridad nacional, la que contenga expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación que no hayan concluido.
De igual forma, la información que se incluyan en patrones de afiliados, asociados o beneficiarios, infraestructura y estrategias militares y navales.
 
En la discusión en las comisiones, el senador priista Raúl Cervantes Andrade celebró el método empleado para llevar  a cabo esta enmienda, pues se tuvo la capacidad de escuchar y  reflexionar en el tiempo que fuese necesario “para poder hacer una reforma constitucional adecuada y eso es mucho más conveniente que haberlo hecho rápido”.
Por ello, dijo, ese procedimiento “no puede ser desperdiciado” para otros temas como el que tiene que ver con anticorrupción porque es necesario crear un sistema de acceso a la información que se vincule a la fiscalización, a fin de  erradicar la corrupción.
También del PRI, el senador  David Penchyna Grub hizo notar que las comisiones dictaminadoras llevaron a cabo un trabajo político y técnico legislativo “para hacer una buena reforma” que garantiza al ciudadano el acceso a la información pública.
 
La senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández señaló que “hoy se da un paso más hacia el fortalecimiento del derecho humano de acceso a la información pública”.
Se trata --dijo-- de una tercera generación de reformas en esta materia, por lo que “hago un llamado a los diputados federales y locales para que, en su momento, aprueben esta enmienda constitucional”.
En tanto, el senador panista Javier Corral Jurado se dijo satisfecho porque de las grandes reformas estructurales de la última década “ésta es una de las más importantes”, ya que a doce años de iniciada la discusión “tenemos la perla a la que habíamos aspirado con enorme ilusión algunos legisladores”.
Se consolida --agregó-- lo que significa la verdadera reforma estructural en la relación sociedad-poder, que ha modificado la correlación entre ciudadano y autoridad “porque el poseer información recoge un viejo principio no sólo comunicacional sino fundamentalmente político: la información es poder”.
Al fijar la postura del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó que con la aprobación de este dictamen se cierra un proceso legislativo que ha resultado “muy interesante”, pues recogió los aspectos fundamentales de las tres iniciativas que se presentaron en esta materia.
Reconoció que se encontró una “fórmula novedosa” en donde el Senado, a partir de una consulta pública va a identificar a quienes puedan integrar el consejo del IFAI, “lo que es una innovación en la Constitución  y un avance sustantivo”.
Su compañero de bancada, Armando Ríos Piter dijo que hay que considerar a esta legislación como “el pie de casa” de lo que será la discusión en materia de corrupción y  la constitucional, a fin de tener una dinámica interesante “para que salgan las cosas”.
Por el PVEM, el senador Pablo Escudero Morales consideró que se llegó a buen puerto y hubo satisfacción de todos los actores de la Cámara de Senadores con un ejercicio incluyente, ya que nadie de la sociedad civil quedó afuera de esta “gran discusión nacional”.
“Celebro que estemos reunidos, que nos pongamos de acuerdo y acompañamos este dictamen en todos sus términos”, puntualizó.
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