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Así lo propuso este jueves la senadora Mariana Gómez del Campo en una iniciativa donde igualmente hace responsable al gobierno capitalino en razón de su actividad administrativa, regular e irregular, así como por la actuación dolosa e ilegal de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, encomiendas y atribuciones.
Para la legisladora de Acción Nacional “la responsabilidad patrimonial a cargo del gobierno de la ciudad “es objetiva y directa” y “la indemnización” deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.
Al plantear cambios al Estatuto de Gobierno del DF, la legisladora precisó que la responsabilidad patrimonial deberá extenderse a entidades, dependencias, órganos político-administrativos y a los de carácter autónomo.
Asimismo, a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Desde la tribuna senatorial, Gómez del Campo señaló que los legisladores del PAN están conscientes de que con la propuesta no se va a resolver el problema de las manifestaciones, sino que se tiene que reformar la legislación local y la Constitución para encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la de tránsito.
Hizo notar que la iniciativa surge luego de los hechos ocurridos el 1 de diciembre, donde se constató que hay diferentes grupos que se disfrazan de manifestantes legítimos que rebasan la línea de la libertad de expresión y se aprovechan de ese derecho para cometer actos vandálicos.
En ese sentido, dijo, hubo grandes pérdidas económicas para la Ciudad, pues según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, éstos ascendieron a más de mil 127 millones de pesos.
La iniciativa por la que se adiciona la sección IV, con los artículos 75 bis y 75 Ter del Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se turnó a las comisiones unidas de Distrito Federal y de Estudios Legislativos.
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