Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-295 

  • El Senado recibió diversas comunicaciones de la Cámara de Diputados, fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.

 

Ante el Pleno del Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, tomó la protesta de Ley como senador a Francisco Javier Salazar Sáenz.

 

El senador Salazar Sáenz es suplente de Marco Antonio Gama Bastarte, del Grupo Parlamentario del PAN, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 15 de octubre.

 

Eduardo Ramírez felicitó al compañero senador y lo invitó a pasar a su escaño.

 

En la sesión ordinaria, se informó que se recibió comunicación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el del Código Penal Federal; y las leyes General en Materia de Delitos Electorales, General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, Federal de Armas de Fuego y Explosivos, General de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

 

En el documento, se expone que el incremento de los tipos penales que permite la prisión preventiva oficiosa traza el camino de regreso a un sistema penal acusatorio de lacto. Fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que recibió de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el acuse definitivo con el cual se acredita la entrega en las instalaciones de ese Instituto, de los anexos presentados por Norma Ariadna Sánchez Bahena, Manuel Vázquez Arellano y diversos ciudadanos, relativos a su petición de Consulta Popular, para los efectos de lo que establece el artículo 32 de la Ley Federal de Consulta Popular.

 

Dicho documento se recibió el 16 de octubre de 2020, por lo que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal de Consulta Popular, inició a correr el plazo respectivo.

 

También se dio cuenta que se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

 

Así como, de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

 

Al respecto, la Presidencia de la Mesa Directiva dijo que, con fundamento en el artículo 176, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, el 15 de octubre se turnó directamente para dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda; y para opinión a las Comisiones de Derechos Humanos; de Ciencia y Tecnología; y de Zonas Metropolitanas y Movilidad, en materia de fideicomisos.

 

Además, la Cámara de Diputados remitió diversos proyectos de decreto, entre ellos, los relativos a prisión preventiva oficiosa, extorsión, protección de personal del Sistema Nacional de Salud, prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad, mujeres en reclusión, violencia de género, entre otros, los cuales fueron remitidos a las comisiones correspondientes.

 

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