Número-274
- La medida restringe la venta en Estados Unidos de diversas especies capturadas en la zona y afecta al sector nacional, denuncia el senador Damián Zepeda
El senador Damián Zepeda Vidales presentó un punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solucionen el embargo pesquero impuesto por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos, a fin de evitar que continúen las afectaciones a la economía del sector.
También solicitó al Presidente de la República que implemente un programa de apoyo compensatorio temporal para los pescadores de la zona, en tanto se resuelve el conflicto.
En otro de los incisos de la propuesta, demandó que se ejecuten medidas eficaces para detener la pesca furtiva de especies protegidas como la totoaba macdonaldi y la vaquita marina, en el Alto Golfo de California.
El legislador del PAN dijo que se busca frenar las repercusiones económicas a esta actividad productiva en Sonora y Baja California, derivadas de las restricciones impuestas por el país vecino ante la falta de una estrategia efectiva por parte del Estado Mexicano, para detener la mortandad de la vaquita marina.
Refirió que Estados Unidos publicó, a inicios de marzo del presente año, el “Aviso de revocación de los resultados de comparabilidad e implementación de restricciones de importación para ciertos pescados y productos pesqueros de México”, lo que se traduce en la ampliación del embargo pesquero en el Alto Golfo de California, bajo el argumento de la falta de una estrategia en favor de especies protegidas.
Con dicho documento, afirmó Zepeda Vidales, quedó formalizada la prohibición para la venta en territorio estadounidense de camarón, sardina, chano, sierra, arenque, macarela, anchoas y curvina, capturados en la región.
Advirtió que de acuerdo con cálculos de la plataforma DataMares, la parálisis de la pesca por un año generaría pérdidas aproximadas de 263.3 millones de pesos para San Felipe, y 645.3 millones de pesos para el Golfo de Santa Clara.
Además, pondría en riesgo la fuente de ingresos de cerca de 2 mil 577 pescadores, permisionarios y otros participantes de la cadena productiva en la misma zona, apuntó.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y trámite correspondiente.
