Número-216
- El Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y libre desarrollo de las mujeres, lamenta Geovanna Bañuelos.
Ante la violencia en contra de mujeres en el país, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre urgió a los gobiernos Federal, de los estados, municipios y alcaldías a que implementen un Plan Nacional Contra la Violencia Feminicida, a fin de capacitar a las personas servidoras públicas, fomentar la perspectiva de género en sus actos y combatir este delito.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del PT también exhortó a la Secretaría de Gobernación a que active la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México y Puebla, así como que la amplíe en el Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
Pidió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las fiscalías de las 32 entidades federativas a que homologuen la metodología para contabilizar los casos de feminicidio, con el objetivo de visibilizar la dimensión de esta problemática y elaborar un diagnóstico integral.
De la misma manera, llamó al Gobierno de México para que instale una mesa de trabajo permanente, en donde participen los colectivos feministas y brindar recomendaciones para establecer políticas públicas efectivas que combatan las violencias contra las mujeres.
La senadora aseveró que las instituciones de procuración e impartición de justicia, de todos los órdenes de gobierno, se encuentran completamente rebasadas para prevenir, erradicar y combatir las violencias contra las mujeres.
“Es momento de reconocerlo, el Estado mexicano ha fallado en su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, de las mujeres mexicanas”, expresó.
Indicó que la violencia feminicida no ha terminado, pues en días recientes se cometieron arteros asesinatos en contra de niñas y mujeres en diversos estados de la República, que han vuelto a conmocionar a la opinión pública.
Geovanna Bañuelos refirió que los datos oficiales muestran un incremento en los feminicidios, pues de 2015 a julio de 2020 han sido asesinadas en el país, por razones de género, 18 mil 51 mujeres.
Sin embargo, mencionó que sólo de enero a julio de este año, aproximadamente 2 mil 240 mujeres fueron asesinadas, lo que representa un incremento de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cuántas más son parte de la cifra negra de casos no registrados?, cuestionó.
Por otro lado, la legisladora explicó que el feminicidio es un delito del fuero común, por lo que corresponde a las autoridades locales implementar las medidas necesarias para prevenirlo, combatirlo y erradicarlo.
En este sentido, expuso que actualmente las procuradurías y fiscalías tienen problemas para acreditar algunos elementos de este tipo penal; algo que no solamente se debe a la complejidad del tipo, sino también a la falta de recursos humanos y materiales para integrar de manera adecuada las carpetas de investigación.
Por ello, consideró fundamental que se destine una mayor cantidad de recursos y se creen unidades especializadas, bien capacitadas y equipadas, para investigar e imputar a los presuntos feminicidas.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben asumir su obligación constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres mexicanas e implementar un Plan Nacional contra la Violencia Feminicida para atender esta problemática, insistió.
Aunado a ello, indicó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero y agosto de 2020, se han registrado en el Estado de México 97 casos de feminicidio; en Veracruz 63; Ciudad de México 51; Nuevo León 42, y en Puebla 40, lo que las hace las entidades con más casos.
Geovanna Bañuelos de la Torre señaló que se trata de un gravísimo problema en México que no se puede ignorar; la violencia machista y el grado de sadismo que vemos a diario no puede ser normalizado. Aún falta por garantizar el derecho a la vida de nuestras mujeres. Al no proteger su integridad física y su vida, falla el Estado, falla la familia, falla la sociedad, fallamos todos, puntualizó.
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública.
