Número-212
- Para presentar una queja los consumidores tienen que trasladarse a Tlaquepaque, Jalisco, e invertir tiempo y dinero, denuncian.
La senadora Gabriela Benavides Cobos presentó un punto de acuerdo, donde hace un exhorto a la Secretaría de Economía reconsidere el haber retirado las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Puerto de Manzanillo y de la capital de Colima, debido a que un número importante de ciudadanos se han visto afectados para presentar sus quejas y ha provocado un impacto negativo en los derechos de los consumidores de toda la entidad.
La legisladora del PVEM afirmó que a la austeridad emprendida por el gobierno actual, la dependencia decidió retirar las unidades de atención en el estado de Colima en 2019, y para presentar una queja de manera presencial ante la PROFECO, los consumidores tienen que trasladarse hasta la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.
Benavides Cobos explicó que un ciudadano de dicha capital tiene que invertir alrededor de seis horas de su tiempo y cerca de mil 200 pesos en el pago de gasolina y castas para acudir a la dependencia, utilizando su automóvil particular; en caso de usar transporte público, el tiempo y costo aumenta.
Del puerto de Manzanillo, se estiman ocho horas de traslado y mil 500 pesos, de inversión comentó la senadora.
Al no existir ventanillas de la Procuraduría, dijo, las cifras de quejas en Colima han disminuido radicalmente, puesto que muy pocas personas han tenido las posibilidades de soportar un gasto económico y de tiempo.
Refirió que bajo el argumento de cumplir con las medidas de austeridad, también fueron cerradas de manera definitiva dos delegaciones, ocho subdelegaciones y cuatro unidades de servicio de la Profeco.
La senadora recordó que la Procuraduría tiene las funciones de proteger y defender los derechos de las y los consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna, objetiva y útil para definir las compras, así como implementar métodos de atención rápida y accesible para la población, a través de las tecnologías de la información.
De no rectificar, la propia dependencia estaría violentando la Ley Federal de Protección al Consumidor, que señala la obligación del Estado de ofrecer protección a los consumidores un mecanismo fácil, inmediato, así como un ente cercano a la gente, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Economía, para su estudio.
