Número-195
- Le demandan mayor atención a censos para que los programas beneficien a más personas y la distribución de los recursos sean equitativos en las entidades federativas.
Con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, compareció ante la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado de la República para informar los alcances y resultados de la política social impulsada por la administración actual.
En su intervención, el secretario indicó que, en materia de política social, el gobierno de la Cuarta Transformación, basa sus acciones y programas en tres principios fundamentales: la integralidad, el humanismo y el impacto positivo en el bienestar de la gente más vulnerable. Todo esto, detalló, se realiza a través de una administración austera y de permanente combate a la corrupción.
Señaló que en el actual gobierno la política social no se limita a los programas específicos de la Secretaría de Bienestar, sino que se articulan con los esfuerzos sectoriales de las Instituciones que atienden diversos aspectos sociales vitales. En este sentido, aseguró que, para lograr el cambio verdadero, es necesario coordinar el conjunto de las tareas sociales que despliega el gobierno en una misma dirección: “reducir la indignante desigualdad, basada en el privilegio de pocos y la miseria de muchos”.
El funcionario denunció que antes se consideraba a la pobreza como un efecto colateral inevitable, que solo era posible paliar, a través de programas clientelares. Esa visión, apuntó, se guiaba por la simulación y una enorme corrupción, lo cual profundizó la desigualdad y la pobreza. “En este gobierno, la política social trabaja y tiene en el centro de su atención a los y las ciudadanas. Hoy, como nunca antes, estamos atendiendo a la gente de forma directa, sin intermediarios”, aseveró.
Esta manera de entender la política social desde abajo, agregó, impide el derroche, los intermediarios políticos, los moches, los arreglos en lo oscurito y responde genuinamente a los anhelos de la gente. “Estamos llegando a las comunidades más apartadas de nuestra república, a las comunidades de pueblos indígenas y afromexicanas”, informó.
May Rodríguez aseguró que, en este segundo año de gobierno, se ha reafirmado el objetivo fundamental de construir una nación donde nadie quede atrás por falta de interés en sus carencias, que impulse un cambio de fondo, que procure elevar el nivel de vida de millones de personas, particularmente de las más desprotegidas. “En suma, estamos devolviendo la esperanza a la gente con resultados desde abajo”, puntualizó.
El secretario recordó que el pasado 8 de mayo se llevó a cabo la reforma al artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional los programas de Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Becas a personas con Discapacidad y el Derecho a la Salud Universal. “En mi consideración, es la reforma social más importante de las últimas décadas, impulsando un Estado garante de derechos para todas y todos”, acotó.
Informó que, durante la emergencia sanitaria y en estricto apego a las disposiciones de la Secretaría de Salud, el Presidente de la República dispuso la atención prioritaria a la población más necesitada y vulnerable, por lo que determinó adelantar y entregar, incluso casa por casa, los pagos acumulados de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de fortalecer la economía popular y procurar mantenerse en casa y evitar los contagios.
Asimismo, aseveró que la Secretaría de Bienestar está comprometida con las mexicanas y mexicanos, sin distingos de raza, color, nivel socioeconómico o preferencias políticas o sexuales. “Nuestra visión es humanista y procura el desarrollo integral de las comunidades en armonía con sus costumbres y culturas, buscando en todo momento la justicia y la democracia”, asentó.
Afirmó que la Secretaría a su cargo continuará fortaleciendo la universalidad de sus programas, la transparencia y honestidad de su aplicación, sin intermediarios. “Estamos construyendo un Estado garante del bienestar para todas y todos los mexicanos, pero también sabemos y tenemos como principio que, por el bien de todos, primero los pobres”, apuntó.
En su intervención, la senadora del PES, Eunice Renata Romo Molina, destacó que la política que impulsa la Cuarta Transformación, considera a los beneficiarios de los programas sociales como verdaderos sujetos de derecho. Con ello, no sólo se puso un blindaje a las prácticas de corrupción y clientelismo que caracterizaban el viejo régimen, sino que impulsó un avance fundamental en la política de bienestar del país, expresó. Debido a esto, cuestionó los retos que tienen las políticas para generar mayor bienestar en la población.
En su oportunidad, Javier May aseguró que desde la Secretaría no se va a tolerar ningún acto de corrupción y refrendó su compromiso con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos dijo que es fundamental prestar mayor atención a los censos, a efecto de que los programas abarquen un mayor número de personas y la distribución del recurso se vaya realizando de manera equitativa en todas las entidades federativas.
En este sentido, la legisladora preguntó sobre los indicadores que determinan la entrega oportuna de los programas sociales a las personas más vulnerables, así como los mecanismos de revisión y verificación que se llevan a cabo para evitar la simulación de los apoyos y los actos de corrupción en la Secretaría.
El funcionario precisó que el despliegue territorial del Gobierno de México, incluye 32 delegaciones de programas para el desarrollo, 266 coordinaciones regionales y 13 mil 500 centros integradores y 18 mil 974 servidores de la nación.
En este sentido, dijo que su labor es mantener una coordinación y articulación en el territorio de las acciones y programas de gobierno que permitan dar una atención oportuna a la población, basada en el cumplimiento de los derechos sociales y el gobierno al servicio de la gente.
El senador José Alberto Galarza Villaseñor, de Movimiento Ciudadano, informó que se ha denunciado a quienes entregan directamente los recursos a los beneficiarios, ya que se quedan con parte del dinero, además, detalló, le dan mal uso a sus datos y roban a sus cuentas. En ese sentido, cuestionó sobre qué acciones implementa la Secretaría para resolver estas faltas graves. También, manifestó dudas respecto a las reglas de operación de los programas.
En su respuesta Javier May Rodríguez, recordó que la corrupción es delito grave, al igual que el uso de los programas sociales con fines electorales. Detalló que se cuenta con 18 mil 975 servidores de la nación, cuya labor es coordinar y articular programas y acciones de gobierno que atiendan a la población en el cumplimiento de los derechos sociales.
Por el PRI, la senadora Nuvia Magdalena Mayorga solicitó conocer el padrón de beneficiarios de los diferentes programas para el bienestar que apoyan a más de 20 millones de mexicanos. Cuestionó el número de servidores de la nación y en qué entidades se encuentran. Agregó que no se han alcanzado las metas propuestas en los programas, sobre ello, se refirió a Sembrando Vidas, Personas con Discapacidad, entre otros.
Durante la pandemia, precisó, se favoreció a más de 27 millones de personas que recibieron un apoyo del Gobierno federal y se benefició con al menos un programa social, al 100 por ciento de las comunidades indígenas y de los más pobres. Agregó que la reforma al artículo 4º Constitucional es un logro que se alcanzó porque no se permite la discrecionalidad.
Por Acción Nacional, el senador Gustavo Madero Muñoz señaló que existe un desmantelamiento institucional de programas integrales que sustituyeron por “transferencias de dinero directas”, que incrementa la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos. Además, pidió la opinión del funcionario sobre la instauración de un ingreso mínimo vital.
Javier May Rodríguez comentó que en 2018 las y los mexicanos decidieron cambiar el rumbo del país y votaron por un proyecto diferente, que actualmente considera sujetos de derechos a quienes nunca fueron atendidos y formaban parte de una “clientela electoral”.
Consideró que hay mayor transparencia cuando no existen intermediarios y el pago se dirige directamente de la tesorería a los beneficiarios de los programas sociales.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Alejandro Peña Villa destacó la reforma constitucional para garantizar que los programas sociales beneficien a México. Con ello, asentó, “la entrega de los recursos ya no será condicionada, un botín político utilizado de manera electoral”.
El funcionario destacó que, en agosto pasado, durante la emergencia sanitaria, más de 27 millones de personas recibieron al menos un apoyo del Gobierno Federal, y se beneficia con al menos un programa al cien por ciento de las comunidades indígenas.
En la segunda ronda de cuestionamientos participaron los senadores Ovidio Salvador Peralta Suárez y Aníbal Ostoa Ortega, así como las senadoras Martha Guerrero Sánchez y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena; la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de la bancada del PAN; y el senador Eruviel Ávila Villegas, de la fracción parlamentaria del PRI.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, dijo durante la comparecencia se escucharon opiniones que dan cuenta de la pluralidad del Senado representa. Lo propio de la democracia es la construcción de la mayoría en el respeto pleno del derecho al disenso, apuntó.
Aseguró que se está instituyendo una nueva forma de gobernar construyendo ciudadanía, fortaleciendo la autonomía de las personas y apostando por el interés de los sectores más vulnerables. Al día de hoy, hemos pasado de beneficiarios a derechohabientes, ese no es un tema clientelar sino de justicia social; lo estamos haciendo diferente, sentenció.
