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El senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, presentó una iniciativa para regular la distribución y comercialización de videojuegos y evitar que niños, jóvenes y adultos “sean protagonistas de conductas ilícitas virtuales” como una forma de entretenimiento.
Se trata, explicó, de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expedir la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos, con el propósito de evitar que se vendan sin que se encuentren previamente clasificados y autorizados por la autoridad competente.
Dijo que los videojuegos han revolucionado la forma de utilizar el tiempo libre y muchos de ellos contribuyen al desarrollo de habilidades mediante la enseñanza interactiva, pero en diversos “nuestros niños y jóvenes tienen como misión secuestrar, asesinar, violar o discriminar para obtener puntos o recompensas y avanzar en diferentes niveles.
“Son ellos los que deben cometer actos violentos para convertirse en líderes del juego y alcanzar el reconocimiento” y al final la crueldad y la violencia son incentivadas por medio de estos aparatos, advirtió.
Por esa razón, Puente Salas propuso que la Secretaría de Gobernación vigile que los videojuegos se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz, moral pública, la dignidad personal y que no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.
Planteó que la nueva Ley establezca categorías de clasificación que proporcionen información precisa sobre su contenido y determinen la edad en la que se recomienda su uso.
Además, se pronunció por prohibir la venta o alquiler a niños, niñas y adolescentes de videojuegos que presenten la comisión de hechos calificados como delictivos de conformidad con las leyes o hagan apología de los mismos, contengan imágenes o referencias de carácter pornográfico y sean contrarios a los derechos humanos.
El legislador también sugirió sanciones de amonestación, clausura temporal o definitiva de los espacios o locales, multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y retiro de los videojuegos a quienes los comercialicen sin la autorización correspondiente.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
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