Número-171
- La actividad maliciosa en internet se incrementó en 14% durante marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria.
La senadora Sasil de León Villard urgió al Ejecutivo Federal informe sobre el estado que guarda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad puesta en mecha en el 2017, frente a los retos y riesgos derivados de la evolución tecnológica y la nueva dinámica social.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del Grupo Parlamentario del PES argumentó que la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dio a conocer una disminución del 12 por ciento en la actividad maliciosa en internet, durante el periodo de diciembre de 2019 a febrero del 2020.
La cifra, aseguró la senadora, se incrementó un 14 por ciento durante los meses de marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria.
La seriedad del tema parte de la necesidad de comprender el ciberespacio como un fenómeno que representa riesgos y amenazas a la dignidad e integridad de las personas, así como a la credibilidad, reputación y patrimonio de las empresas, dijo.
Además de que también conlleva un riesgo a las instituciones públicas, a la seguridad pública e incluso la seguridad nacional, remarcó.
Señaló que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad es un instrumento vivo, pensado para evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad, en el que los datos y estadísticas arrojados a partir de su implementación, permitirán cumplir con uno de sus principales atributos: la capacidad de adaptación y la mejora continua.
En ese sentido, será importante su actualización, después de tres años de su creación, frente a la dinámica establecida derivada del Covid-19, enfatizó la legisladora.
Otras características del mecanismo son la colaboración conjunta de actores para elaborar una metodología de diagnóstico nacional sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio; además de estadísticas de implementación e impacto en los sectores económicos, políticos y sociales, agregó.
Indicó que por la naturaleza de la estrategia, esta debe abarcar todo el territorio nacional, e implementarse desde el Ejecutivo Federal con la vinculación de las diferentes partes interesadas, en la sociedad civil, el sector privado, las comunidades técnica y académica e instituciones públicas de los distintos poderes y de los diferentes órdenes de gobierno, incluida cualquier institución pública con autonomía.
El punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal informe, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, sobre el estado que guarda la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública.
