Senado de la República

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La  senadora perredista Angélica de la Peña Gómez propuso eliminar el arraigo, debido a que viola derechos humanos y principios establecidos en la Constitución.
A través de una iniciativa, señaló que en realidad el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de la libertad para obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad en la etapa del juicio, “la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura”.
Mencionó que es una medida cautelar que tiene como finalidad “evitar que la persona imputada pueda evadirse de la autoridad ministerial, de la judicial, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada”.
Recordó que fue avalada en 2008 porque se argumentaba que ante la creciente organización de la delincuencia era necesario implementar “medidas eficaces” para aplicarla a personas que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la investigación.
Sin embargo, indicó que se trata de una figura inconvencional, pues viola principios establecidos en tratados internacionales firmados por nuestro país en materia de derechos humanos.
En este sentido, refirió que el Informe Contra la Tortura hace notar la urgencia de que  México tome medidas para derogar el arraigo, ya que existen 405 quejas de violaciones de derechos humanos relacionados con ese tipo de detención.
Además, destacó, se ha vuelto una de las “técnicas de investigación criminal” más recurridas, lo que ha ocasionado que el Estado mexicano haya configurado “un subsistema de excepción consistente en la flexibilización de las garantías procesales y judiciales de las personas, pues las coloca en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas”.
“En la mayoría de los casos una persona es detenida con base en el testimonio de testigos anónimos, que a menudo se obtienen mediante tortura”, precisó.
De la Peña Gómez mencionó que el bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las autoridades hacer un uso excesivo de dicha figura, lo que viola el principio de legalidad.
Por ello, consideró necesario eliminar el arraigo, ya que existe preocupación por el aumento de las denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, “algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares”.
La iniciativa que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación correspondiente.
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