Número-1611
- Urge consolidar una autoridad del agua fuerte y operativa, respaldada por la sociedad.
- Se requiere una reforma transversal que atienda todas las necesidades de la sociedad mexicana y que conserve y proteja al medio ambiente.
Para conversar sobre las bases generales para la construcción de una nueva Ley del Agua y abonar a la calidad, control y descontaminación de este líquido vital, la Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el senador Raúl Paz Alonso, celebró la Cuarta Conferencia del Segundo Ciclo de Conferencias, denominado: Iniciativas y propuestas de cambio para enriquecer el marco jurídico del agua.
En la conversación a distancia, especialistas coincidieron en señalar que el Senado de la República debe impulsar un marco normativo acorde a los requerimientos de los cuerpos de agua, en el que se establezcan estrategias de saneamiento para zonas específicas.
En su exposición, el consultor Gualberto Limón, consideró fundamental contar con una autoridad del agua fuerte y operativa, que tenga capacidad de ejercer las funciones que la ley le otorga y que, además, sea respaldada por la sociedad civil.
Consideró como tema de seguridad nacional el conocimiento del estado de la calidad del agua a través de la Red de Monitoreo de los Cuerpos de Agua, el cual dijo, a pesar de ser costoso es importante para el desarrollo nacional y necesario para la planeación y toma de decisiones.
Además, señaló la importancia de dar saneamiento a los cuerpos de agua que abastecen los centros urbanos, ya que representan un riesgo sanitario para las generaciones futuras.
Gabriela Moeller Chávez, de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, explicó que los diagnósticos ya realizados por la Comisión Nacional del Agua, se pueden implementar estrategias particulares sobre el control de contaminantes como manganeso, flúor y arsénico, entre otros, que destruyen la calidad de los acuíferos. El ciclo natural del agua no contempla la intervención del ser humano, por lo que se debe retornar el líquido, pero descontaminado.
Destacó también la participación de la población para controlar la contaminación del líquido y para crear conciencia sobre su cuidado. Urgió mayor presupuesto e insistió en el papel de los municipios sobre el cumplimiento del saneamiento ya que, en la mayoría de los casos, no se cumple con la NOM 001, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Por su parte, Mauricio Limón Aguirre, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, llamó a los senadores a que escuchen a los cerca de 12 millones de mexicanos que no cuentan con acceso al agua, a fin de que se pueda diseñar una reforma legítima en la materia, que tome como base las necesidades de aspecto personal y doméstico, sin dejar de lado al campo, la industria y otros sectores.
Dicha legislación, sostuvo, debe cumplir con la característica de transversalidad, para que al atender un aspecto no se descuide otro. Destacó la necesidad de que las entidades federativas cuenten con lineamientos que permitan el saneamiento de las aguas con índices de calidad, toda vez que un tratamiento inadecuado produce repercusiones a la salud de las personas, principalmente de la población más vulnerable.
A su vez, Miguel Ángel Herrera, especialista legal en materia de agua, dijo que Ley de Aguas Nacionales es una legislación completa, pero que ya es necesario actualizarla y convertirse en una política transversal.
La reforma, sugirió, debe incluir la revisión, supervisión y regulación del agua potable y el saneamiento de esta, incluso, de las descargas de aguas industriales, por lo que se requiere asignar recursos, definir metas y prospectar resultados, ponderando el acceso al agua.
Emilio Hernández Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica de Aguascalientes, señaló que son necesarios proyectos de economía circular en materia de agua, donde participe la iniciativa privada y el gobierno.
Exhortó al Senado a tener apertura para ser asesorados por los especialistas del Consejo Consultivo del Agua y de otras asociaciones para lograr una legislación facilitadora y con voluntad política para que las empresas interesadas puedan contribuir en el aprovechamiento de aguas residuales, entre otros rubros.
