Número-1566
- En el próximo periodo de sesiones el Senado designará a titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, anuncia la senadora Claudia Ruiz Massieu
En reunión a distancia con senadores de la República, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, expuso los avances en la implementación de la reforma laboral y de las disposiciones que se establecen en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en esta materia.
Al respecto, la senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, recordó que el Senado tendrá un periodo extraordinario de sesiones, donde abordará la designación del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Resaltó que esta Comisión busca ayudar en la agenda de México para una buena implementación del Tratado y de su capítulo laboral. Somos una instancia de facilitación y acompañamiento para contribuir a que el T-MEC nos ayude a tener una economía más justa, señaló.
La legisladora del PRI comentó que han surgido temas relacionados con la implementación en el contexto de la pandemia, cuál es la estrategia para proteger empleos y la erradicación del trabajo forzoso e infantil, entre otros asuntos.
En tanto, la Secretaria de Trabajo indicó que la estrategia de implementación consta de tres etapas. La primera, explicó, debido a la pandemia, comenzará en noviembre y abarcará ocho estados, donde se realizará la apertura de tribunales laborales, del ámbito federal y local, centros de conciliación local y se iniciará la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Mencionó que la segunda etapa contempla 13 estados e iniciará en octubre del próximo año. En tanto, se prevé que para el 1 de mayo de 2022 se concluya en las últimas 11 entidades federativas, por lo que a partir de esa fecha se tendrá el modelo laboral implementado en todo el territorio nacional.
La funcionaria destacó que el Poder Legislativo es fundamental en los siguientes pasos, como la designación del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la aprobación de las declaraciones de inicio de las nuevas autoridades laborales en ocho entidades federativas, a partir de noviembre de este año.
Señaló que los ejes del nuevo modelo laboral en el país residen en la justicia expedita e imparcial, democracia sindical y negociación colectiva, así como en el buen funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Refirió que a nivel federal existen 2 mil 048 sindicatos vigentes, de ellos, mil 754 ya modificaron sus estatutos, no sólo en lo referente al voto libre, directo y secreto, sino en todas las obligaciones en materia de rendición de cuentas con los afiliados y en materia de paridad.
Reconoció que hay “un reto gigantesco” con los sindicatos locales, pues de 14 mil de ellos, sólo mil 343 han modificado sus estatutos, lo que representa 9.5 por ciento.
Aclaró que debido a la emergencia sanitaria se ampliaron los plazos para la adecuación de estatutos, a partir de que las entidades federativas se encuentren en semáforo verde.
Respecto a la legitimación de contratos colectivos, Luisa María Alcalde informó que hay 144 sindicatos registrados para legitimar estos documentos, además, se han legitimado 168 contratos colectivos. Asimismo, continúo, hubo 340 consultas, donde participaron 71 mil 593 trabajadores consultados.
Por otro lado, dijo que se prevé la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, pues han perdido eficacia e independencia. Se apuesta, abundó, a la creación de tribunales laborales especializados que dependan del Poder Judicial, a fin de garantizar autonomía.
Se realizarán juicios orales, en presencia de juez, y muchos más cortos; no obstante, se dará prioridad a la conciliación previa para que la mayoría de los asuntos se resuelvan en una mesa de negociación, sin la necesidad de llegar a los tribunales, agregó.
Sobre la democracia sindical y negociación colectiva, la funcionaria explicó que todos los contratos colectivos, tanto federales, como locales, tienen que pasar por un proceso de legitimación, ya que hubo muchos que se firmaron sin el consentimiento de los trabajadores. “Se pretende hacer una especie de limpia”, expresó.
Alcalde Luján consideró que con este procedimiento se logrará legitimar o corroborar que los trabajadores conocen sus contratos colectivos, a sus sindicatos y sus condiciones laborales. Existe un plazo de cuatro años, que inició el 1 de mayo de 2019, para que los todos sindicatos puedan legitimar sus contratos, precisó.
El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que legitimar los contratos colectivos de trabajo es la parte más importante de la implementación del Tratado. Se firmó para cumplirse, se trata de un compromiso nacional e internacional y tenemos que ver cómo se va aplicar la ley hacía la libertad, democracia y transparencia.
Informó que tiene cartas de congresistas de Estados Unidos, donde señalan una serie de preocupaciones en materia de “proteccionismo de los contratos colectivos”. En la mayoría de los casos, precisó, los trabajadores no los han votado, ni visto, y en los cuales, se precariza las condiciones laborales y mantiene los salarios más bajos que cualquier otro país de la OCDE.
Indicó que en dichas cartas también se establece que México requiere la democratización básica de los lugares de trabajo, a través de la construcción administrativa y técnica del gobierno para asegurar que la reforma laboral garantice a los trabajadores el derecho al voto rápido, seguro y democrático sobre la representación sindical.
En este sentido, Gómez Urrutia destacó que, a través de Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se dará un gran paso para avanzar en la intermediación y conciliación, pero su director y sus funcionarios “deben ser personas honorables, capaces y comprometidas en la defensa de los derechos de los trabajadores”.
También es necesario elaborar un informe periódico de los avances que tiene la aplicación de la ley y los pasos que se están siguiendo con los congresistas norteamericanos y canadienses, porque si no vamos a entrar en un conflicto de quejas y denuncias, “lo que nos va hacer quedar mal como país”, concluyó.
El senador del PRI, Carlos Humberto Aceves del Olmo, indicó que las organizaciones sindicales no están acostumbradas a una institución como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, “en la que ya no tenemos presencia, ni los trabajadores, ni el capital, sino que tenemos que ajustarnos a sus normas y estamos en un estado de indefensión; pero si el organismo sirve para mejorar las cosas en México, estamos listos para poder hacerlo”, manifestó.
El senador Gustavo Madero Muñoz, del PAN, manifestó su preocupación por los recortes presupuestales, pues el cumplimiento de estas metas, implica inversiones en infraestructura y tecnología, así como en condiciones materiales y financieras.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado planteó reforzar las embajadas en Estados Unidos y Canadá, con especialistas en materia laboral que directamente estén en los países como brazos de información, investigación e interlocución al más alto nivel, para ayudarnos a dirimir conflictos antes de que sucedan.
El senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán propuso que desde la Secretaría se generen medidas preventivas por el contexto que se vive por el Covid-19, ya que los derechos de los trabajadores son más sensibles debido a la pandemia. “Desde el Senado queremos colaborar para evitar una justicia que llegue tarde para los trabajadores que en este marco ven afectados sus ingresos”.
En sus respuestas, Luisa María Alcalde Luján aclaró que se esperaba que por la pandemia se recorriera un año más la implementación; sin embargo, el compromiso que tiene esta administración, más allá del cumplimiento internacional con los compromisos asumidos en el TMEC, es un tema de principios, subrayó.
Por ello, reconoció el esfuerzo de los titulares de las secretarías del Trabajo en las ocho entidades federativas que inicia la implementación, pues a pesar de la emergencia sanitaria, “todas las semanas nos reunimos para ver los avances y cómo lograr que este año inicie la operación de los tribunales locales, federales y los centros de conciliación local”.
Alcalde Luján reiteró que México avanza en tiempo y forma con los plazos establecidos en la Ley, los cuales también son conocidos por los socios comerciales y quienes saben que la transformación laboral no se da de un día a otro, pero el Gobierno de México tiene el compromiso firme de cumplir.
