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La senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros se reunión este martes con la Asamblea Plural de Familias de Migrantes, quienes anunciaron un diálogo nacional con legisladores el próximo 17 de diciembre en el Senado de la República.
Los integrantes de esta asociación informaron que 400 mil jóvenes deportados en los últimos diez años tienen dificultad para revalidar sus estudios en nuestro país y muchos de ellos son reclutados por call centers, quienes los contratan con sueldos bajos y en la mayoría de las ocasiones en la informalidad.
De igual forma, destacaron que 300 mil niños que han regresado a México en los últimos diez años tienen el gran riesgo de no contar con identificación y de no acceder “ni siquiera al derecho mínimo de tener un acta de nacimiento”.
Asimismo, advirtieron que muchos de sus padres “si no tienen esa documentación corren el riesgo de ser deportados a otros países si el Instituto de Migración considera que no son mexicanos”.
Indicaron que medio millón de personas cruzan cada año por nuestro país y hoy los albergues parecen “refugios de guerra”, por lo que los defensores de migrantes tienen que trabajar en la clandestinidad y en la oscuridad.
Ante esta situación pidieron ayuda para promover las modificaciones legislativas necesarias para que el bachillerato pueda ser considerado como educción básica, que el trámite de validación de documentos sea inmediato y promover la reinserción escolar de los niños migrantes aunque no traigan papeles.
De la misma forma, solicitaron el apoyo de los legisladores para considerar a los jóvenes, familias y comunidades de migrantes como sectores vulnerables, a fin de que puedan ser beneficiarios de los programas sociales de la Sedesol, entre otras medidas
Al respecto, Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso para construir políticas públicas --junto con este tipo de organizaciones -- que reconozcan a las comunidades y a las familias de los migrantes como fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
“Sólo con ustedes podremos levantarnos y dejar atrás una época de crisis y construir un desarrollo local”, apuntó.
La legisladora perredista consideró que las crisis económicas de los últimos treinta años provocadas por políticas económicas equivocadas e impuestas desde el exterior tienen a millones de familias mexicanas divididas y han roto el tejido social de nuestro país.
Aunado a ello, subrayó que la sistemática pérdida de empleos y la capacidad financiera de las familias mexicanas ha dejado como saldo una migración forzada de más de 11 millones de mexicanos a los Estados Unidos.
Reconoció que los migrantes han sacado adelante a municipios y regiones “con su propio esfuerzo, sin ningún apoyo gubernamental y a pesar del profundo drama social que implica su realidad familiar”.
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