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Los integrantes de esta asociación informaron que 400 mil jóvenes deportados en los últimos diez años tienen dificultad para revalidar sus estudios en nuestro país y muchos de ellos son reclutados por call centers, quienes los contratan con sueldos bajos y en la mayoría de las ocasiones en la informalidad.
De igual forma, destacaron que 300 mil niños que han regresado a México en los últimos diez años tienen el gran riesgo de no contar con identificación y de no acceder “ni siquiera al derecho mínimo de tener un acta de nacimiento”.
Asimismo, advirtieron que muchos de sus padres “si no tienen esa documentación corren el riesgo de ser deportados a otros países si el Instituto de Migración considera que no son mexicanos”.
Indicaron que medio millón de personas cruzan cada año por nuestro país y hoy los albergues parecen “refugios de guerra”, por lo que los defensores de migrantes tienen que trabajar en la clandestinidad y en la oscuridad.
Ante esta situación pidieron ayuda para promover las modificaciones legislativas necesarias para que el bachillerato pueda ser considerado como educción básica, que el trámite de validación de documentos sea inmediato y promover la reinserción escolar de los niños migrantes aunque no traigan papeles.
De la misma forma, solicitaron el apoyo de los legisladores para considerar a los jóvenes, familias y comunidades de migrantes como sectores vulnerables, a fin de que puedan ser beneficiarios de los programas sociales de la Sedesol, entre otras medidas
Al respecto, Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso para construir políticas públicas --junto con este tipo de organizaciones -- que reconozcan a las comunidades y a las familias de los migrantes como fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
“Sólo con ustedes podremos levantarnos y dejar atrás una época de crisis y construir un desarrollo local”, apuntó.
La legisladora perredista consideró que las crisis económicas de los últimos treinta años provocadas por políticas económicas equivocadas e impuestas desde el exterior tienen a millones de familias mexicanas divididas y han roto el tejido social de nuestro país.
Aunado a ello, subrayó que la sistemática pérdida de empleos y la capacidad financiera de las familias mexicanas ha dejado como saldo una migración forzada de más de 11 millones de mexicanos a los Estados Unidos.
Reconoció que los migrantes han sacado adelante a municipios y regiones “con su propio esfuerzo, sin ningún apoyo gubernamental y a pesar del profundo drama social que implica su realidad familiar”.
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