Número-1338
- “El alarmante número de feminicidios nos invita a reflexionar las causas estructurales que nos han llevado hasta aquí”, destaca.
La senadora, Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, propone incluir la materia sobre Estudios de Género en el nivel medio superior, entre otras reformas a la Ley General de Educación en materia de la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer.
Esta apuesta es realista: será una pretensión de transformación de las conciencias a largo plazo, apuntó la legisladora en su iniciativa.
Urgen políticas públicas para combatir el flagelo, pero también urge la construcción de una cultura de paz y de respeto de los derechos humanos, a fin de disminuir las posibilidades de que futuros abusadores, violadores y feminicidas atenten contra la mujer mexicana, migrante e indígena, advirtió Bertha Caraveo.
Entre los cambios que la senadora propone, destaca incluir en la legislación el combate a la violencia de género en el sistema educativo del país, desde una visión de Estado, y con perspectiva de derechos humanos.
Lo anterior, además de implementar el análisis de los factores que propician discriminación, como son, las relaciones de subordinación en torno al género, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica; las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos históricamente en desventaja, y las condiciones socioeconómicas, velando siempre por el buen desempeño educativo nacional.
El panorama actual, dijo la senadora de Morena, con un alarmante número de feminicidios nos invita a reflexionar con detenimiento las causas estructurales que nos han llevado hasta aquí.
Cada día, apuntó, un aproximado de 10 mujeres son brutalmente asesinadas a manos de familiares, amigos, esposos, e incluso son revictimizadas por el Estado, quien reproduce la perspectiva patriarcal en la impartición de justicia.
El Senado de la República, como parte fundamental de uno de los Poderes de la Unión que conforman el Estado Mexicano, tiene la obligación constitucional de absorber las legítimas demandas sociales para hacer los cambios necesarios a la ley que velen por la protección de los derechos de las humanas, puntualizó Caraveo Camarena.
