Número-1316
La emergencia sanitaria decretada a raíz de la pandemia del COVID 19 requiere de medidas sociales como el resguardo de la población en sus hogares, la restricción de movilidad al máximo y el aumento de las acciones de higiene y limpieza; sin embargo, para muchas niñas, adolescentes y mujeres sus hogares no son espacios de salvaguarda y seguridad, sino lugares donde sufren violencia de forma cotidiana.
Desde el Senado de la República y desde instancias internacionales como la ONU, hemos sostenido que en estos momentos es fundamental extremar las medidas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas, pues el confinamiento social aumenta el nivel de riesgo de sufrir algún tipo de agresión.
Esta violencia contra las mujeres y las niñas ha tenido en los días recientes diversas formas de manifestación, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
El caso de la niña Ana Paola, ocurrido en Nogales Sonora, es el que más indignación ha provocado tanto en la sociedad como entre las propias autoridades, Ana Paola fue asesinada en su propia casa a sus escasos 13 años de edad. La niña vivía en una de las ciudades que forman parte de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país.
La familia de Ana Paola ha pedido recordarla por su vida y no por su muerte, pero ello no implica que dejemos de exigir a la Fiscalía General del Estado de Sonora una investigación con perspectiva de género que concluya con la captura del o los responsables de este crimen, así como en la adopción de medidas de protección y seguridad para sus familiares y la concreción de medidas de prevención efectivas para evitar que hechos semejantes se sigan repitiendo.
Otro de los casos que nos ha llamado la atención y sobre el cual esta Comisión manifiesta su preocupación es el relacionado con la violencia digital que ha sufrido la periodista Lourdes Mendoza, quien tras expresar una serie de opiniones en sus columnas de diversos medios de comunicación, ha recibido en sus cuentas de redes sociales descalificativos e insultos por parte de algunos otros usuarios de esas mismas redes.
Recordamos desde esta Comisión que la libertad de expresión es un derecho garantizado Constitucionalmente y cuyo ejercicio aunque pudiera resultar chocante u ofensivo también se encuentra protegido por los estándares internacionales, por ello, expresamos que se debe de mantener en todo momento el debate público de las ideas y opiniones enmarcadas en el respeto y la tolerancia, evitando siempre la utilización de expresiones sexistas, misóginas o estigmatizantes para las mujeres por su condición de género.
Otro de los asuntos que nos preocupa como Comisión de Igualdad, es el aumento de la violencia feminicida en la zona del bajío, particularmente en el estado de Guanajuato, en donde tan solo en enero y febrero de este año, se registraron al menos 83 homicidios dolosos de mujeres, ubicando a la entidad como la más violenta del país en el mes de marzo cuando se alcanzó la cifra de 325 casos de homicidios dolosos, de los cuáles casi el 15% corresponde a víctimas mujeres.
El mismo problema aqueja a la entidad Poblana, que de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) se ubicó en el segundo lugar nacional con la mayor cifra de presuntos feminicidios, al registrarse 17 casos entre enero y febrero de 2020.
La violencia contra las mujeres en esas entidades y en el resto del país implica que, como legisladoras y legisladores, continuemos con el trabajo de información y colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues sólo de esta forma lograremos garantizar para todas nosotras una vida libre de violencia.
La violencia feminicida no da tregua, incluso en condiciones adversas y extraordinarias como las que vivimos en nuestro país por la emergencia sanitaria, por ello, desde la Comisión de Igualdad expresamos nuestra indignación sobre cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y particularmente expresamos nuestro llamado a las Fiscalías de los Estados de Sonora, Puebla y Guanajuato para que en el ámbito de sus facultades atiendan estos casos de violencia, y que en breve plazo puedan rendir un informe público a la sociedad y a este órgano colegiado sobre los resultados de dichas indagatorias.
El quedarnos en casa no implica que dejemos de externar nuestras preocupaciones, como legisladoras y legisladores y tampoco implica el que dejemos de hacer nuestra tarea de escuchar y atender las denuncias y los reclamos ciudadanos, para eso estamos y seguiremos trabajando.
