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El senador perredista Raúl Morón Orozco propuso reformar la Constitución, a fin de que el pueblo pueda revocar, mediante plebiscito, el mandato del presidente de la República, de senadores, diputados federales y locales, gobernadores, del jefe de gobierno del Distrito Federal, delegados, presidentes municipales y demás integrantes del cabildo.
Sugirió que el procedimiento de revocación de mandato se solicite antes de la mitad del mandato y los institutos electorales se encarguen de su organización, jornada de consulta y declaración de validez de resultados de los procesos plebiscitarios, de referéndum y revocación de mandato.
Para ello --explicó-- se crearía la ley que regule los mecanismos, porcentajes y reglas de participación y modalidades para que sea procedente la revocación de mandato de servidores públicos de elección popular.
En los casos de revocación de presidente de la República, senadores y diputados federales en funciones --agregó-- el Congreso de la Unión ordenará la publicación de los resultados en el Diario Oficial de la Federación y notificará a la autoridad de que se trate la destitución de su mandato en el término de 24 horas.
Cuando la rescisión se efectúe al Ejecutivo federal, el Congreso designará un presidente sustituto en un término no mayor a 60 días y en caso de que se destituya a un senador o diputado federal en funciones, la cámara correspondiente convocará al suplente para que se presente en un término de 30 días, a fin de que concluya el periodo.
Por otro lado, el legislador también propuso que en la planeación del desarrollo social, se contemple la participación de los sectores público, social y privado como mecanismo de participación ciudadana y de control democrático de la gestión pública.
El legislador explicó que la participación ciudadana busca poner a discusión y consulta los temas de interés para la vida social y el desarrollo regional o comunitario, mediante procesos plebiscitarios o de referéndum.
En este sentido, mencionó que varios organismos de la sociedad han venido impulsando cada vez con mayor frecuencia, consejos ciudadanos para la propuesta y evaluación de políticas públicas, integrados por personas interesadas y expertos independientes en temas como ecología, seguridad pública, juventud, deporte, desarrollo de la cultura indígena, entre otros.
Dijo que figuras aprobadas en la reforma política como la consulta popular y candidaturas independientes representan un avance significativo en favor de la democracia participativa, “pero debemos reconocer que el tema aún no está acabado y es importante regular otras que tienen que ver con la participación de la sociedad”.
Por eso, subrayó, se debe permitir a los ciudadanos que manifiesten su opinión y aprobación sobre asuntos trascendentales para el país, a través del referéndum y plebiscito, participar en la elaboración del presupuesto y opinar sobre las acciones que requieren prioridad para el desarrollo de su localidad.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación correspondiente.
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