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Con la comparecencia de 12 aspirantes más para ocupar el cargo del consejero Jorge Efraín Moreno Collado en la Judicatura Federal, las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos dieron por terminado el proceso de presentación de proyectos para la elección del nuevo integrante de ese órgano.
Los candidatos hicieron notar las deficiencias y retos que enfrenta esa institución del Poder Judicial y propusieron consolidar su independencia, abatir su “pasmosa inactividad” y llevar a cabo su modernización.
Asimismo, recomendaron acercar la justica a la ciudadanía, eliminar el exceso de trabajo en los tribunales, implementar las reformas en materia de derechos humanos, ley de amparo, juicios orales y fortalecer la defensoría pública.
En su exposición, Edgar Humberto Muñoz González propuso un plan que busca consolidar la independencia judicial, implementar las recientes reformas de derechos humanos y amparo, así como aplicar una racionalidad económica en el organismo.
A su vez, Pedro Nava Malagón aseguró que se ha descuidado la independencia y parcialidad de jueces y magistrados, además de que existe una “pasmosa inactividad” en el Consejo que deja a su suerte a los impartidores de justicia frente a un “ataque institucional” al que han sido sometidos, por lo que es indispensable garantizar su función jurisdiccional.
Para Ramón Ojeda Mestre en estos momentos en los que el país enfrenta a una delincuencia creciente, al Senado le toca la “delicadísima” función de elegir al nuevo consejero de la Judicatura, y por lo tanto deberá designar a uno que ayude a modernizarlo, acercar la justicia a los ciudadanos, recuperar la confianza y evitar la tensión entre sociedad e instituciones.
En opinión de Alfonso Pérez Daza la justicia en México no cumple con los requisitos mínimos de eficacia, ya que hay un exceso de trabajo en los tribunales y personal insuficiente, que hacen lentos o complicados los trámites jurídicos y por ello se necesita impulsar un plan que agilice los procesos judiciales.
En tanto, Carlos Quintana Roldán se pronunció por enviar “un claro mensaje público” de que no habrá tolerancia, benevolencia o complacencia con los miembros del Poder Judicial que transgredan los marcos normativos éticos y legales.
Por su parte, Hugo Ricardo Ramos Carreón sugirió televisar y hacer públicas las sesiones del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de dar mayor transparencia a su actuar, de tal manera, que “el público en general conozca la forma en cómo estamos administrando justicia”.
Respecto a los retos que el Consejo enfrenta, Juan Antonio Salinas Castaño dijo que no obstante el éxito que ha logrado ese órgano se requiere de un Poder Judicial sólido y confiable pero ante todo cercano al ciudadano, por lo que se debe terminar con la idea del juzgador distante e inalcanzable.
En su turno, Fernando Serrano Migallón planteó fortalecer y dar mayor importancia al Instituto Federal de Defensoría Pública, pues su actividad es de tal relevancia “que puede ayudar a que la imagen del Poder Judicial satisfaga a quienes tienen menos recursos y necesiten del apoyo de alguien que los acompañe en sus demandas jurisdiccionales”.
De igual forma, Gloria Tello Cuevas manifestó que existe un cambio radical en el sistema judicial del país, que hace necesario impulsar la modernización y restructuración del Consejo de la Judicatura, a fin acercarlo más a los ciudadanos.
Fernando Tovar y de Teresa expuso que se requiere una planeación estratégica con “visión global”, que sea de mediano y largo plazos porque ese organismo tiene el desafío “enorme” de implementar reformas constitucionales y juicios orales, así como dotar de nuevas tecnologías a los impartidores de justicia y al personal administrativo.
Para Jorge Enrique Edén Wynter García el Consejo debe diseñar un nuevo sistema de elección de juzgadores, que sean de formación humanista y “que dejen ser esclavos de la ley pero sin dejar de observarla para erigirse en agentes activos de la transformación política y social del país”, con la finalidad de dar sentido a las reformas constitucionales antes mencionadas.
Por último, Jorge Zermeño Infante consideró que ante la percepción social de que la justicia es para aquellos que tienen más recursos, se debe dar mayor atención a la defensoría pública y dotarla con mejores defensores de oficio porque es una obligación del Estado brindar este apoyo a las personas que lo necesitan.
Cabe señalar que el actual consejero Moreno Collado concluye su encargo el próximo 30 de noviembre.
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