Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1193

  • Plantean una pena de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa a quien incurra en esta falta.


La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para adicionar como delito de ejercicio ilícito de cualquier servidor público, que, bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones cuando comparezca ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o sus Comisiones.

 

El documento informa que, de acuerdo con la Constitución, cualquier servidor público está obligado a hablar con la verdad cuando informa o comparece ante cualquiera de las dos Cámaras. El mandato constitucional se concreta en los reglamentos de ambos órganos, los cuales prevén la obligación de los funcionarios de hablar con la verdad.

 

Señala que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los funcionarios o el titular del Ejecutivo, nuestro orden jurídico no sanciona la falsedad en su declaración, mientras que en el caso de declaraciones de particulares ante la autoridad, sí se sanciona esta acción. “Observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes”, apunta.

 

El texto considera que si las autoridades que informan al Poder Legislativo sobre sus acciones y políticas no están obligadas a decir la verdad, la entrega de informes y las comparecencias pierden credibilidad y se convierten en meros ejercicios retóricos.

 

Asegura que ante la falta de tipificación del perjurio en nuestro orden jurídico, ha provocado que los obligados se conduzcan con falsedad al momento de ser cuestionados a falta de consecuencias jurídicas. “Es necesario que exista un mecanismo eficaz, eficiente, legal y coercitivo, que sancione directamente a los servidores públicos que mientan ante el Congreso”, sentencia.

 

Debido a esto, la proponente plantea adicionar una fracción séptima al Código Penal Federal, en la que se tipifique la falsedad de declaraciones por parte de los servidores públicos imponiéndose una pena de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, Y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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