Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1105

 

  • El Pleno consideró pertinente incrementar los esfuerzos para garantizar la paz en todo el país.

 

 

El Pleno del Senado de la República aprobó, en votación económica, cinco dictámenes presentados por la Comisión de Seguridad Pública.

 

Al presentar los dictámenes, la presidenta de la Comisión, Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que la seguridad pública es un tema sensible para el pueblo mexicano y uno de los grandes retos del gobierno actual. “Todos, como sociedad, tenemos mucho que hacer para lograr esa paz que deseamos desde nuestros diversos ámbitos de participación”, apuntó.

 

Señaló que la Comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo que los tres órdenes de gobierno han realizado en la materia, sin embargo, agregó, es trabajo de las senadoras y los senadores indicar las áreas en las que aprecian insuficiencias y la necesidad de reforzar las acciones que se ejecutan.

 

Entre los dictámenes destaca un exhorto a los titulares de los 32 gobiernos de la República y sus municipios a que fortalezcan su estrategia en materia de seguridad con el objetivo de preservar la paz y combatir la delincuencia en todo el país.

 

El Pleno consideró necesario que se continúen tomando acciones para mejorar las condiciones de seguridad debido a los altos índices de incidencia delictiva, por lo que estimaron pertinente incrementar los esfuerzos y medidas para garantizar un entorno seguro a los habitantes de la entidad.

 

Además, pidieron a los gobiernos estatales un informe sobre el resultado hasta ahora de las mismas, así como de los mecanismos de coordinación que se tiene con los municipios y la Guardia Nacional.

 

Al respecto, el senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, pidió revisar cada entidad para verificar quienes están cumpliendo con la estrategia marcada por la Federación y si está dando resultados. “Vale la pena cerrar filas, si no logramos detener este grave problema estamos condenados al fracaso”, sentenció.

 

La senadora Nestora Salgado García, de Morena, señaló que uno de los temas más importantes para los mexicanos es el aumento de la inseguridad, cuya presencia en todos los sectores sociales daña en lo individual y lo colectivo. Afirmó que la violencia es un limitante a las condiciones de vida y genera la violación constante de los derechos humanos.

 

Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que ninguna entidad está exenta de la situación de violencia. Aseguró que Guerrero no es el estado más violento del país, pues es la entidad con mayor avance en el combate contra la inseguridad, lo cual se demuestra con la reducción de 27 por ciento de homicidios dolosos.

 

La legisladora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, pidió la coordinación plena de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad pública. “Evidentemente ningún estado está exento de la ola de violencia tremenda que está viviendo el país”, indicó.

 

A su vez, Mario Zamora Gastelum, del PRI, aseguró que toda la sociedad debe hacer un esfuerzo para superar el flagelo que nos daña a todos. Cuando se trabaja coordinadamente y de manera cercana.

 

Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, indicó que el tema de la inseguridad es la principal preocupación de la sociedad, especialmente los crímenes de alto impacto. Subrayó que se debe llamar la atención a los estados para que hagan su parte, pero también hacer un llamado a la Federación para que no haga de lado su responsabilidad en esta labor.

 

 

 

Urgen a SSPC a frenar el uso de aparatos de telefonía prohibidos al interior de las prisiones

 

Las y los legisladores también exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a las Secretarías en las entidades federativas a cargo de los centros de reinserción social, a reforzar las medidas para inhibir las comunicaciones indebidas, la posesión y el uso de aparatos de telefonía no permitidos al interior de los mismos.

 

El objetivo es disminuir el delito de extorsión telefónica, el cual se ha presentado de forma recurrente desde los centros penitenciarios de la mayoría de las entidades federativas de forma importante.

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019, a nivel Nacional se registraron 7 mil 129 casos de extorsión, de los cuales mil 891 provienen del Estado de México, 773 de la Ciudad de México y 670 de Jalisco. Especialistas y autoridades señalan que entre el 50 y el 80 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales, sin embargo, no existe una cifra cierta.

 

El dictamen señala que existen diversas disposiciones legales en que se establecen normas a fin de que el uso de los celulares en los centros de reinserción social del país, desde los que se realizan este tipo de condutas delictivas, sea restringido. Es por ello que exhortan a las autoridades competentes a reforzar las acciones que realizan a fin de eliminar este tipo de conductas delictivas.

 

 

 

Piden informe sobre el decomiso de estupefacientes para combatir el tráfico de drogas

 

Otro dictamen aprobado fue un exhorto al Ejecutivo Federal y a la Fiscalía General de la República a informar sobre los resultados de la estrategia y acciones de aseguramiento de drogas, en el marco de la lucha contra el narcotráfico en el país.

 

Las y los senadores reconocieron las acciones tomadas por la actual administración en materia de combate al narcotráfico, donde se ha privilegiado el enfoque de la prevención del narcotráfico atacando las causas que lo originan y las finanzas de los narcotraficantes.

 

Sin embargo, consideraron que debe atenderse de la misma manera el aseguramiento de estas sustancias, cuyo consumo y abuso repercuten en quienes las usan. Debido a esto, pidieron a todas las áreas de gobierno informar acerca de los decomisos y/o aseguramientos realizados por las autoridades, como un medio para la trasparencia en la actuación de las instituciones del Estado.

 

El resto de los dictámenes aprobados fueron sobre los programas y acciones que se han implementado para prevenir homicidios en Nuevo León; y para modernizar la Red Nacional de Radiocomunicación.

 


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