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La Cámara de Senadores pidió a la Procuraduría General de la República que se pronuncie sobre la atracción de la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez cometido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el pasado 10 de octubre en las inmediaciones de la frontera de Nogales, Sonora.
Asimismo, le solicitaron que en caso de que se acredite el homicidio doloso por parte de los agentes se inicie la solicitud de detención provisional con fines de extradición de quien o quienes resulten responsables o haga una petición formal para que el gobierno de EU turne el expediente a sus autoridades competentes.
Ello, con el objetivo de se aplique el ejercicio de la acción penal de conformidad con lo establecido en los convenios en materia de extradición que México y ese país han suscrito.
Los legisladores consideraron viable y necesaria la solicitud de extradición, debido a que el homicidio de mexicanos en la frontera norte, por parte de elementos de esa organización policiaca, se ha vuelto más recurrente y sin que haya consecuencias.
Sin embargo, lamentaron que México siga sin encontrar una respuesta y una empatía sobre este tipo de actos por parte de las autoridades estadounidenses, “no sólo para que haya consecuencias sino también para adoptar medidas y acciones necesarias para poner un alto”
Solicitan informe sobre reparación de daño a tres mujeres indígenas
En la misma sesión, el pleno senatorial pidió a la PGR que informe el estado que guarda el proceso penal relativo a las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, así como el proceso de las solicitudes de reparación del daño y su resolución.
Además, esa dependencia deberá detallar las acciones y mecanismos que ha adoptado para prevenir que este tipo de casos se repitan en el ámbito de la procuración de justicia federal.
Cabe señalar que en 2006 las tres mujeres fueron encarceladas por el presunto secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), debido a que el juez que las condenó a 21 años de presión aceptó como prueba una fotografía publicada en un diario local.
Sin embargo, se explica en el dictamen, al ser liberadas en 2009 la PGR reconoció que “había una equivocación”, por lo que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han exigido al gobierno de México una compensación para las indígenas que pasaron tres años en prisión.
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