Número-955
- Plantea dar acceso a servicios de anticoncepción de emergencia y e interrupción voluntaria del embarazo por violencia sexual.
La senadora Patricia Mercado propuso establecer que en los casos de violencia familiar o sexual, los tres niveles de gobierno estén obligados a proporcionar atención médica integral a las víctimas, así como proteger y restaurar, al grado máximo posible, su salud física y mental.
Mediante una iniciativa, la legisladora de Movimiento Ciudadano planteó que la Secretaría de Salud atienda los casos de violencia sexual como urgencias médicas.
En esa atención, agregó, se deberá garantizar a las víctimas todos los procedimientos necesarios e informarlas oportunamente sobre los mismos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia.
Pretende se garantice puntualmente a toda víctima de violencia sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo a lo establecido en las leyes en comento, sin discriminación y con perspectiva de género.
Patricia Mercado recordó que el Estado Mexicano ha fallado sistemáticamente en su obligación de promover, proteger y garantizar a niñas, adolescentes y mujeres adultas el respeto irrestricto a sus derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la violencia sexual.
Refirió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, indicó que “la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país”.
Este estudio señaló que 66 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, agregó.
Aunado a ello, la legisladora dijo que México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos en niñas y adolescentes, lo que demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran.
Las menores de edad suelen contar con menos recursos para buscar atención médica y poder interrumpir un embarazo, siendo que en la mayoría de los casos el mismo es producto de violencia sexual, finalizó.
La iniciativa, que reforma las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, fue turnada a las comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera.
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