Número-938
- Busca sancionar los delitos electorales durante este proceso para impedir cuestionamientos sobre su legitimidad.
El senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para evitar delitos electorales durante el proceso de revocación de mandato, con el fin de salvaguardar la voluntad popular, la democracia e impedir cualquier tipo de cuestionamientos que pongan en entredicho la legitimidad de dicho ejercicio.
La iniciativa busca imponer de 50 a 100 días de multa, y prisión de seis meses a tres años, a quien durante dicho ejercicio haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo; obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo.
También, a quien introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la revocación de mandato o bien introduzca papeletas falsas; y solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la revocación de mandato, durante el proceso de revocación de mandato.
En el caso de que el infractor sea un servidor público, se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, especialmente si hace uso de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo.
El promovente considera que el nuevo modelo normativo de la revocación de mandato reconfigura la función pública electoral, por lo que es necesario que se desarrolle de modo regular este proceso. “Resulta oportuna la modificación de otros ordenamientos aplicables para el correcto desarrollo de dicho mecanismo”, apunta.
La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
