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Los magistrados Rosa Elena González Tirado, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Julio César Vázquez-Mellado García, propuestos por el Ejecutivo federal para remplazar al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, comparecieron esta tarde ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Roberto Gil Zuarth.
En el desarrollo de la reunión, los senadores cuestionaron a los candidatos sobre temas como el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el combate al crimen organizado, los efectos políticos y sociales de sus sentencias, así como los alcances y límites de la función de ese órgano constitucional, entre otros asuntos.
En sus respuestas, González Tirado consideró que el rol del Poder Judicial ante la delincuencia organizada tiene que ver con el establecimiento de diversos órganos o métodos de control para evaluar “con más exigencia” a todos los integrantes de esa autoridad.
Reconoció que los controles de confianza existentes no han sido suficientes, por lo que no está demás establecer sistemas que procuren una mejor vigilancia de todos aquellos que participan en la impartición de justicia, ya sean como juzgadores, personal operativo y administrativo.
En este sentido, subrayó que la intervención de la Corte no debe ser para establecer funciones de investigación respecto a las organizaciones criminales, sino que le corresponde aplicar controles más efectivos y óptimos sobre su personal, jueces y magistrados.
A su vez, Alberto Gelacio Pérez Dayán se pronunció por una Corte con visión de Estado y no una que sea “contestataria”, que entienda el equilibrio entre poderes, que sea visionaria y permita el avance de la sociedad.
Estimó que el máximo tribunal debe ser participe de las acciones políticas y asegurar el correcto ejercicio de las competencias constitucionales de los otros poderes de la Unión.
Por otro lado, se consideró “humanista” y un “profundo defensor de la vida”, por lo que en su opinión las instituciones están para preservarla y no para quitarla.
Por último, Julio César Vázquez-Mellado García insistió en la necesidad de que la SCJN asuma un papel protagónico y testimonial “de lo que deben ser los jueces en nuestro país y entender la responsabilidad de rendir cuentas frente a los justiciables”, pues son ellos los únicos que esperan una reacción de justicia y legalidad en la resolución de sus conflictos.
Destacó que es fundamental que el tribunal constitucional hable de política, debido a que “la cosa publica” es parte inherente de la Suprema Corte porque cada una de sus resoluciones altera y modifica el orden social.
Entonces --mencionó-- el tribunal constitucional que visualizo es cada día más fuerte, sólido y si logra encontrar la virtud de la humildad en sus decisiones habrá de ser la Corte que el país necesita.
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