Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-796

 

  • También se armoniza la legislación con las actividades que desarrolla ese Instituto, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

 

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que preside el senador de Morena, José Narro Céspedes, aprobó reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el fin de dar certeza jurídica a los solicitantes de concesiones ante el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), para el mejor aprovechamiento de los recursos del mar, así como para aquellos que están ampliando y renovando sus permisos.

 

En reunión extraordinaria de ese órgano legislativo se discutió y aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, con ese fin, las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, ambos de la citada legislación.

 

Su promovente, el senador Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, explicó que respecto a la opinión de cáracter técnico o científico que emita el Inapesca, se establece que ésta deberá ser transparente y pública, bajo el principio de máxima públicidad, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pública.

 

Esto es, apuntó, que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Ejecutivo y Judicial debe ser pública.

 

En el apartado de antecedentes, el senador Gama Basarte expuso que actualmente el Inapesca emite a través de comunicados si acepta o rechaza las solicitudes de concesiones o permisos pesqueros y acuícolas que son presentados por los interesados.

 

En caso de que el comunicado u opinión sea rechazada, no se permite revisar el dictamen, al carecer de publicidad indispensable para poder conocer el análisis, argumento y resolución de estos.

 

Ante esa incertidumbre, advirtió, se puede generar inseguridad jurídica al dejar en “estado de indefensión a los integrantes de la sociedad que sientan vulnerados sus derechos, al no contar con documentos que permitan conocer los criterios técnicos y científicos que puedan ser controvertidos por ellos mismos.

 

Agregó que también se armoniza la legislación con las actividades que desarrolla ese Instituto, descentralizado y sectorizado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), observando en todos los casos su realización de manera pública, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pública.

 

La inciativa fue aprobada en forma unánime en votación económica y se remitió a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y se registre en el orden del día de próxima sesión.

 

 

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