Número-569
- Hay un grave problema en esta materia por la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.
El senador del Partido Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer expresamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos que estén implicados en delitos de este tipo.
Mediante una iniciativa, el legislador explicó que el objetivo es armonizar diversas disposiciones de la Ley con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas
Asimismo, agregó, para establecer los lineamientos mínimos para que las entidades federativas adecuen su legislación local y amplíen el marco de responsabilidad de los servidores públicos en esta materia.
Planteó que los superiores jerárquicos sean considerados autores del delito de desaparición forzada de personas cuando hayan ordenado a uno o varios de sus subordinados, la comisión del delito, o haya ejercido su responsabilidad sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación.
También cuando tengan conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada y conscientemente hayan hecho caso omiso de información que lo indicase claramente.
También se considerar con responsabilidad cuando no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada.
El senador sugirió que cuando incurran en el delito de desaparición forzada los superiores jerárquicos, la pena de prisión se incrementará en una tercera parte de la que le corresponda.
En tanto, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público se le impondrá la sanción de inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Martín del Campo refirió que México presenta un grave problema de desaparición de personas a causa de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.
Este escenario, dijo, se agudiza por las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social y crecimiento en el país, así como de la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado Mexicano encargadas de la búsqueda y localización de persona.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.
