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El Senado de la República invitó al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, a una reunión de trabajo para dialogar respecto a violaciones a las garantías cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado relacionadas con el combate al narcotráfico.
Asimismo, para que explique a los legisladores cuál es la situación actual de los centros penitenciarios, las cifras de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia y la situación particular de los afectados.
En el dictamen se subraya que según el Reporte Mundial 2012 de Human Rights Watch, existen evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde 2006.
De igual manera, destaca que ese organismo internacional afirma que “en la guerra contra el narcotráfico” es posible acreditar que las autoridades encargadas de brindar seguridad “aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen o proporcionen información mediante coerción”.
Además --se agrega-- contiene “evidencias contundentes” que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones o ejecuciones extrajudiciales y que en muchos casos se han adoptado medidas para ocultar sus delitos”.
Por otro lado, refiere que Amnistía Internacional ha denunciado que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada “militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado y sancionado adecuadamente”.
En el texto se indica que entre 2007 y 2011 los agentes del Ministerio Público Militar iniciaron mil 615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles, sin que un solo elemento castrense “haya sido condenado hasta el momento”.
Ante esta situación, los senadores consideraron procedente y necesario sostener una reunión de trabajo con Plascencia Villanueva, a efecto de sentar las bases de una relación institucional y permanente para hacer frente a los “grandes retos” en esta materia.
De igual manera, dejaron en claro que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha definido como una de sus prioridades el estudio y diagnóstico de las violaciones a estas garantías cometidas por las fuerzas de seguridad pública en la lucha contra la delincuencia organizada.
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