Número-472
- Se busca mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos y terminar con la desigualdad.
La Cámara de Senadores aprobó con 105 votos, una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar los principios de universalidad y progresividad como rectores de la política social, para garantizar una política pública en materia de desarrollo y bienestar social apegada al espíritu universal de los derechos humanos.
Con ello, se amplían los beneficios de las políticas sociales, se reconocen y fortalecen derechos ciudadanos universales y se restringen los márgenes de discrecionalidad en los niveles federal, local o municipal.
La política de desarrollo social deberá sujetarse a la universalidad, para que se destine a las personas que habitan en el territorio nacional, y tiene como propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
Además incorpora la progresividad, para que se busque la mejora gradual de las condiciones de vida de las y los mexicanos y del abatimiento de las grandes desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, a fin de que el avance en el desarrollo de la República se refleje en el bienestar general de la población.
En el dictamen por el que se adicionan las fracciones I y II al artículo 3º del ordenamiento, se expone que la reforma constitucional de 2011 abrió la puerta a una interpretación de los derechos humanos que busca ampliar la protección y garantía de los mismos en la acción de las autoridades del Estado.
Por ello, se dispuso que principios como la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad formen parte del enfoque con que se debe instrumentar la política pública y con respecto al cual deben armonizarse las leyes generales y todo el marco jurídico nacional.
Al fundamentar el dictamen, el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, a nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, dijo que se trata de un avance en un nuevo enfoque en la política social. Se abre la puerta al paradigma de bienestar para apoyar la construcción de una política pública que incluya los derechos sociales en su universalidad y con todo su potencial transformador de las sociedades y las conciencias.
Agregó que hasta 2018, la política social había sido empleada como moneda de cambio en el control político de las poblaciones y los programas, con lo que se permitió la gestión del descontento social.
El senador Martí Batres, de Morena, subrayó que incorporar los principios de universalidad y progresividad en el listado de principios de la Ley, es un cambio acorde a los nuevos tiempos, con lo que se fortalecerán los derechos, el bienestar social y se dará una base jurídica nueva al impulso de las políticas sociales innovadoras del país.
Del PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, dijo los principios que se adicionan a la ley, pretenden dar acceso a todas y a todos al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora de la condición de vida. La inclusión de ambos principios, destacó, son fundamentales para llegar a la verdadera justicia social por la que ha luchado su partido.
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, se pronunció en favor de enfocar la planeación social en la reducción de pobreza y desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Ésta, dijo, puede ser la ruta para encarar y priorizar la agenda 2030 y los compromisos constitucionales.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
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