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El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, de Acción Nacional, presentó este martes una iniciativa para que la prestación del servicio social genere experiencia laboral y su retribución no sea menor al salario mínimo.
Se trata, dijo, de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 5 de la Constitución, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a fin de que las autoridades y la sociedad a quien presten su servicio social los profesionistas y estudiantes, tengan la obligación de asignarles actividades encaminadas a poner en práctica los conocimientos de su disciplina.
Lo anterior, precisó el legislador por Yucatán, bajo la asesoría y supervisión del ocupante y con una gratificación que no pueda ser menor al salario mínimo, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
Hizo notar que dicha retribución ya está considerada actualmente por la ley, pero su naturaleza es ajena al pago y a una relación laboral, pues se trata de una ayuda para los gastos generados por el servicio.
Dijo que por el rezago económico que en general viven los jóvenes, “una ayuda mínima al equivalente del salario mínimo dará certeza y representa un impulso que se reflejará en el mejoramiento de su economía y fomentará una cultura en la vinculación de los prestadores del servicio con las actividades de su carrera”.
Además, recomendó que sea motivo de amonestación y rectificación de las actividades encomendadas el incumplimiento de las disposiciones, así como facultar a los prestadores para solicitar sus reubicación.
Estimó que “el servicio social es el medio formal para incorporar a los jóvenes universitarios en el campo laboral”, por lo que se requieren mecanismos que garanticen la vinculación entre la formación académica y los programas que se asignan a su prestación
“Con estas modificaciones --subrayó-- redimensionaremos la naturaleza del servicio social y estaremos contribuyendo a la formación integral de millones de jóvenes, al propiciar las condiciones para generar mayores oportunidades de empleo”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos.
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