Número- 342
- Los grupos parlamentarios discuten la trascendencia de esta reforma; aseguran que cambiará el sistema político del país.
El Pleno del Senado de la República dio inicio a la discusión del dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución para establecer las normas generales sobre el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la República y gobernadores.
El proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados, contiene cambios realizados con el objetivo de regular el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de revocación, e incluir algunas disposiciones en materia de consulta popular para hacerla de mayor impacto.
En el documento se explica que este derecho constitucional podrá ser solicitado por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral (INE), respaldados por un número equivalente de, al menos, tres por ciento de la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de, por lo menos, 17 estados de la República.
Será un procedimiento de votación libre, directa y secreta que podrá ser solicitado en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato del Presidente de la República. Los ciudadanos recabarán las firmas durante el mes previo a la solicitud.
Dentro de los siguientes 30 días a que reciba la solicitud, el INE verificará dichos requisitos y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se subraya que estos ejercicios no podrán realizarse en fechas coincidentes con la jornada electoral, ya sea federal o local.
Se aclara que -para que el proceso de revocación de mandato sea válido-, deberán participar, al menos, 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La remoción del titular del Ejecutivo Federal sólo procederá por mayoría absoluta.
El texto indica que el INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, además de emitir los resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Señala que el Tribunal realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, agregaron, emitirá la declaratoria de revocación.
Se considera pertinente establecer que en el supuesto de haberse revocado el mandato al Presidente de la República, asumirá, provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión. Añade que dentro de los 30 días siguientes, el Legislativo nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.
El dictamen incluye la posibilidad de que las consultas populares sean planteadas, no sólo para cuestiones de trascendencia nacional, sino también para aquellas que son de importancia regional y de competencia de la Federación que, por su naturaleza, tengan relevancia para la vida de una o más entidades federativas.
Asimismo, agregó como restricciones para ser objeto de consulta: la permanencia o continuidad en el encargo de los servidores públicos, pues este instrumento no debe utilizarse para refrendar ningún cargo, al sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las obras de infraestructura en ejecución, a fin de dar certeza jurídica a los actos que los originan y rigen.
Se menciona que el INE tendrá la facultad exclusiva para promover la participación de la ciudadanía en los procesos de consulta popular, así como la prohibición para la contratación, de parte de particulares y entes gubernamentales, de propaganda dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
Además, se destaca que el Instituto hará la difusión y promoción necesaria, en forma objetiva e imparcial, e informará adecuadamente a la población sobre el objeto y materias de la consulta.
Para el caso de los gobernadores, se estableció que las constituciones locales tendrán 18 meses, a partir de la promulgación de este decreto, para garantizar el derecho ciudadano a solicitar el proceso de revocación.
Este proceso podrá ser solicitado durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del mandato del Ejecutivo local, con un número equivalente al 10 por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa y con representación de la mitad más uno de los municipios o alcaldías.
Proceso de revocación de mandato para el actual Presidente de la República
En los artículos transitorios, se incluyó que, en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato para el actual Presidente, la solicitud de firmas comenzará en el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021.
Se señala que la petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el INE emitirá la convocatoria dentro de los 26 días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los 60 días de emitida la convocatoria.
La reforma reconoce el derecho constitucional de revocar el mandato conferido, cuando el mandatario no ha cumplido con la expectativa de gobierno para la cual fue electo y ha perdido la confianza de los ciudadanos.
Deja en claro que en ningún caso podrá interpretarse el proceso de revocación de mandato como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo. “Se trata de una figura para reconocer el derecho de ciudadanos y ciudadanas a determinar si opta por la conclusión anticipada del mandato conferido”, se subraya en el documento.
Al presentar el dictamen, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que con esta reforma, que llegó para quedarse, se impulsará la democracia participativa y cambiará el sistema político mexicano.
Se acabaron aquellos momentos en los que los ciudadanos, hartos de un gobernante, tenían que esperar nuevamente un proceso electoral para renovar sus esperanzas. Ahora, agregó, “el pueblo pone y el pueblo quita”.
Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, comentó que llegó el momento de liberar, de élites partidarias y de poderes fácticos, al proceso representativo y democrático del país.
Lo que hoy exige el pueblo de México es la democracia participativa, que implica la participación de todos los ciudadanos en las decisiones importantes, por lo que tenemos que acostumbrarnos a que se aplicará de verdad esta máxima: “el pueblo pone y el pueblo quita, e incluso al Presidente de la República”.
Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios
Al manifestar sus posturas respecto de esta reforma constitucional, senadores de diversos grupos parlamentarios hicieron un reconocimiento al senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, por la apertura que sostuvo para generar los consensos necesarios, a fin de realizar los cambios a la minuta enviada por la colegisladora.
En su turno, Monreal Ávila expuso que la revocación de mandato y la consulta popular son instrumentos políticos de la ciudadanía para ejercer sus derechos. Precisó que fueron modificados puntos que los grupos de oposición demandaron: ya no será el día de la elección, será solicitada por los ciudadanos, y lo organizará el INE, destacó.
Además, agregó, se aceptó que la Cámara de Diputados sea quien asuma la titularidad del Ejecutivo Federal, en caso de que haya una revocación de Presidente de la República.
Aseguró que el Senado fortaleció las facultades de control sobre el Ejecutivo y el Judicial. Manifestó su respeto a quienes votarán en contra, pero reconoció a los legisladores que trabajaron para lograr los acuerdos.
Del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se avanza en mecanismos de participación ciudadana y democracia directa al interior del Estado mexicano. La revocación de mandato, puntualizó, debe mantenerse fiel a su espíritu y no caer en la tentación de utilizarla para terminar un mandato de forma anticipada o para extender su duración más allá de las reglas establecidas; debe ser solución y no problema para brindar salidas institucionales ante escenarios extremos donde exista una crisis de legitimidad.
El senador del PAN, Mauricio Kuri González, dijo que el voto de su bancada será en contra del dictamen. “No creemos que este gobierno quiera el bienestar y la salud de las y los mexicanos, porque desde su inicio polarizó y dividió la sociedad”, expresó.
De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado señaló que la minuta de la Cámara de Diputados tenía “enormes manipulaciones” que rodeaban y desvirtuaban por completo la figura de revocación de mandato. Gracias a la disposición y altura de miras de todos los Grupos Parlamentarios y del presidente de la Junta de Coordinación Política, “hemos logrado corregir, mejorar y enderezar la reforma constitucional”
A su vez, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, señaló que esta reforma contiene uno de los cambios más trascendentales de la nueva administración: transformar radicalmente el sistema presidencial mexicano, democrático y gubernamental. “Hoy llega a su fin el presidencialismo imperial y décadas de autoritarismo en México”, sentenció.
Por su parte, Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que el empoderamiento de los ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia es una prioridad que debe unir al Senado por encima de las diferencias partidistas e ideológicas. Además, indicó que el dictamen restituye a la ciudadanía el poder que legítimamente le pertenece de elegir y mandar.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que la reforma no establece las bases para una reelección, toda vez que se precisa con claridad las reglas para realización de la revocación de mandato y consulta popular, así como la definición de cada una. “Representa un avance histórico para la vida democrática y de las instituciones electorales. Es un instrumento de avanzada”, señaló.
Por el PES, la coordinadora Sasil de León Villard se congratuló porque dichos instrumentos incentivan la transparencia del gobierno y ponen “frente a frente a la sociedad y al poder”. Además, dijo, obliga a los ciudadanos a participar en la vida democrática del país, ya que la consulta popular se llevará a cabo a petición del dos por ciento los inscritos en la lista nominal.
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