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La Cámara de Senadores solicitó este martes al gobierno federal un informe detallado y puntual sobre los recursos asignados y aplicados a través de fideicomisos, mandatos y análogos durante el ejercicio fiscal 2011.
En punto de acuerdo aprobado, se menciona que el año pasado “las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de estas figuras, que son conocidos como actos jurídicos sin estructura y que se integran con recursos públicos”.
“De estos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo --se señala--, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a mandatos, y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos.
De ese total, se agrega, el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil millones, los estados 8 mil 407 millones y el sector privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos.
Sin embargo, “se desconoce en cada rubro cual fue en detalle el destino final en cada caso y en que se benefició a la sociedad mexicana”.
Al presentar la propuesta, la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona destacó que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos.
Pero “las instituciones públicas sólo dan cuenta de las cifras globales que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la generación de intereses”.
“El grado de opacidad de la operación de esta gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección lo dispuesto a los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disposiciones que en una indebida interpretación concede la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de evadir la revisión y fiscalización de estos recursos”, dijo.
Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth, de Acción Nacional, respaldó el punto de acuerdo, pero aclaró que “buena parte de esta información ya está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Conforme lo establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, enfatizó, esta información es visible y cualquier ciudadano puede consultarla.
El punto de acuerdo, agregó, “es consistente” con la expansión de los derechos de transparencia y de rendición de cuentas, así como los deberes de los poderes públicos para hacer accesible información relevante.
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