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Representantes de organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado no modificar el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información “de manera fragmentada”, a fin de construir un sistema de rendición de cuentas integral y evitar que el IFAI “vaya a quedar capturado” por el Ejecutivo u otros actores con un nuevo esquema para su integración.
En reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Gobernación, Edna Jaime, de México Evalúa, destacó que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es uno de los organismos más efectivos para el combate a la corrupción.
Por ello, afirmó, “debemos tener mucho cuidado” al transformar el mecanismo para la elección de los comisionados.
Dijo que para una reforma de segunda generación es necesario eliminar las excepciones “que ya no son sostenibles” en el catálogo de sujetos obligados e incorporar a sindicatos y partidos políticos, así como impedir “una mayor secrecía” en la información clasificada.
En su turno, Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la información de Artículo 19, expresó que una “posición pasiva o de objeción” por parte del Poder Legislativo en el proceso de nombramiento de los integrantes del IFAI “no contribuye a la independencia de los órganos garantes”.
Además, agregó, “sin sanciones específicas para las violaciones al marco normativo de transparencia y a los principios básicos del derecho a la información es imposible que un órgano, incluso con fortaleza constitucional, pueda ejercer de manera efectiva su mandato”.
Por su parte, Alejandro González Arreola, director general de Gestión y Cooperación Social, resaltó la necesidad de que las reformas establezcan un esquema nacional de transparencia, que incluya sistemas de archivos sobre el estado de la gestión pública y el fortalecimiento en la protección de datos, así como de las entidades responsables de tutelar estos derechos.
Aseveró que para hacer efectiva la reforma constitucional es indispensable una ley general que, al menos, enliste los principios que deberían sustentar la transparencia y el acceso a la información, y que fortalezca las capacidades de los órganos locales que tutelan estos derechos.
Para Eugenio Monterrey, presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, es fundamental definir con claridad la obligación de transparentar todos los recursos públicos, sin importar quien los reciba: partidos, sindicatos o personas físicas.
Pidió a los legisladores “no permitir la relativización en la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes” y establecer con precisión las reglas para que el IFAI pueda revisar las resoluciones de los institutos locales.
En el intercambio de opiniones, el senador priista Raúl Cervantes Andrade resaltó que los senadores consideran el sistema de rendición de cuentas de manera integral que contempla la calidad en el ejercicio del gasto publico, la recaudación de impuestos y la responsabilidad de los servidores funcionarios sobre la aplicación de éstos.
Afirmó que las comisiones “vislumbrarán” el contenido de una norma general, ya que “nunca he compartido que las modificaciones constitucionales no se acompañen con una ley y a veces los tiempos políticos no se dan, pero eso no obsta que en el dictamen se diga exactamente que se quiere.
Por Acción Nacional, el senador Héctor Larios Córdova se pronunció por facultar al órgano federal para establecer criterios obligatorios, uniformes y vinculantes con los institutos locales para proteger el derecho de acceso a la información.
Dijo que para aprobar una ley general primero “tenemos que llegar a propuestas especificas sobre procedimientos y plazos que sean viables y no atoren a las autoridades”, por lo que el diálogo con las organizaciones y actores los involucrados debe continuar.
Para el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez el objetivo de las iniciativas “no es fortalecer” al IFAI o a los institutos locales, sino el derecho de los ciudadanos a contar con información y a la protección de sus datos personales.
Por ello, precisó, “compartimos la preocupación de establecer una ley general que permita contar con un piso básico para que todas las entidades tengan un punto partida y se acabe “con la enorme desigualdad que existe en la norma y los recursos”.
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