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El Senado de la República pidió al gobierno de Chihuahua que lleve a cabo, con expedites y prontitud, las averiguaciones que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del asesinato de los dirigentes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras.
Asimismo, le demandó garantizar la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región y que cese la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de esa entidad.
De igual manera, acordó la instalación urgente de un grupo de trabajo de senadores integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía con los titulares de la Semarnat, Profepa, Conagua, el gobernador de Chihuahua y el secretario de Gobernación.
Ello, con la finalidad de construir conjuntamente con actores sociales y gubernamentales mecanismos que propicien un clima de distensión social y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte aún más la integridad física de los dirigentes sociales.
En el documento aprobado se indica que el pasado lunes 22 de octubre fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.
Se recuerda que fueron impulsores de la movilización campesina denominada “Los indignados del campo” que denunció la problemática que se presentaba por el uso ilegal e indiscriminado del agua de la zona hidrológica del Río del Carmen.
También, se agrega, participaron en diversos movimientos como el Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense y la Caravana del Hambre, en donde establecieron acuerdos con diversos órdenes de gobierno para atender la problemática del campo chihuahuense, sin embargo los compromisos a los que llegaron se incumplieron.
Aunado a ello, Solorio Urrutia y Solís Contreras acusaron hace 6 años a la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, de comprar de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, sin obtener los permisos de la asamblea ejidal que la ley establece.
En su argumentación, el senador panista Javier Corral Jurado acusó a las autoridades de Chihuahua de tomar “la absurda actitud de tergiversar el problema y presentar el conflicto como una mera confrontación de intereses entre particulares desatendiendo la denuncia fundamental del Barzón”.
Al desdén y simulación de negociaciones --subrayó-- han seguido campañas de desprestigio impulsadas desde el gobierno de Chihuahua en contra del Barzón y sus líderes sociales, lo que ha provocado un clima de tensión que pone en riesgo y amenaza la integridad física de los dirigentes y su abogada, así como la de ejidatarios que luchan a favor de sus tierras y derechos.
En este sentido, consideró que la campaña de desprestigio en los medios de comunicación “los colocó en una mayor vulnerabilidad hasta el momento en que fueron asesinados”.
También del PAN el senador Ernesto Ruffo Appel expresó que en estos asuntos “los intereses a veces no son muy transparentes” como en el caso de la minería, que provocan inestabilidad en las regiones.
En opinión del senador priista Patricio Martínez García este lamentable suceso de ninguna manera presenta una situación de enfrentamiento del estado de Chihuahua con líderes sociales agrupados al Barzón, “pues los barzonistas son nuestros aliados”.
Sin embargo, dijo, no hay opacidad en el manejo de estas situaciones en Chihuahua y “esto no se va a quedar así, ya que se realizan investigaciones serias de este y de todos los crímenes que se están presentando en la entidad.
Para el senador perredista Raúl Morón Orozco “es un cobarde asesinato a cargo de grupos que operan en la oscuridad y anonimato” y “un reflejo de la opacidad con la que ha venido actuando tanto el gobierno federal como el del estado en distintas problemáticas”.
Señaló que en los casos del asesinato de dirigentes sociales, el uso ilegal del agua y la compra ilegal de terrenos con fines de exploración y explotación minera, las autoridades competentes han eludido su obligación de proteger, respetar y defender derechos básicos de la población.
La senadora petista Martha Palafox Gutiérrez manifestó que “es criminal” el uso indistinto que hace la minera canadiense del agua del Río el Carmen, pues no sólo afecta a los productores de esa región del desierto chihuahuense sino que hace una grave afectación al medio ambiente.
Expresó que los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras no deben quedar impunes, además de no permitir el avance de la impunidad y la violencia contra seres humanos”.
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